sábado 31 de diciembre de 2011
En el mismo fallo en el que confirmó las condenas a prisión perpetua de los ex policías Alfredo Fanchiotti y Alejandro Acosta por el asesinato de Maximiliano Kosteki y Darío Santillán, la Cámara de Casación bonaerense benefició a otros involucrados en el caso. Ninguno de los otros cinco policías que recibieron diversas condenas en aquel juicio de 2006 irá preso
La Corte Suprema colombiana le negó asilo político al ex fiscal de Mar del Plata Gustavo Modesto Demarchi, quien está acusado de haber cometido delitos de lesa humanidad cuando comandaba un grupo de Concentración Nacional Universitaria (CNU), una facción de ultraderecha que llegó a ser un apéndice de la Triple A. Demarchi, que fue candidato a intendente por el PJ en Mar del Plata, será extraditado a la Argentina para enfrentar un juicio, una vez que el presidente colombiano, Juan Manuel Santos, firme la orden de extradición.
viernes 30 de diciembre de 2011
La Camerata Lazarte ofrecerá hoy el último concierto del exitoso ciclo de presentaciones que realizó a lo largo del año en la provincia. A las 21, la renombrada agrupación interpretará "Valses de Strauss", en el salón cultural "MAB" (Martín Aniceto Blanco), de Tafí Viejo, ubicado en 9 de Julio 215
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El Tribunal Oral Federal Nº 5 de la Capital dio a conocer los fundamentos de la sentencia que, el 26 de octubre pasado, condenó a prisión perpetua a Alfredo Astiz y a Jorge “El Tigre” Acosta, entre otros acusados, por delitos de lesa humanidad cometidos en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA
Difundieron los fundamentos de la sentencia que condenó a Astiz y Acosta por crímenes en la ESMA
Fueron dados a conocer por el Tribunal Oral Federal Nº 5 de la Capital. Se trata de la resolución que, en octubre último, sentenciara a prisión perpetua a doce acusados y fijara penas de entre 18 y 25 años con respecto a otros cuatro imputados
El Tribunal Oral Federal Nº 5 de la Capital dio a conocer los fundamentos de la sentencia que, el 26 de octubre pasado, condenó a prisión perpetua a Alfredo Astiz y a Jorge “El Tigre” Acosta, entre otros acusados, por delitos de lesa humanidad cometidos en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA).
Cabe recordar que además de Astiz y Acosta fueron condenados a prisión perpetua Ricardo Cavallo, Jorge Radice, Antonio Pernías, Raúl Scheller, Oscar Montes, Alberto González, Néstor Savio, Adolfo Donda, Julio César Coronel y Ernesto Weber.
En tanto, el tribunal, integrado por los jueces Daniel Obligado, Germán Castelli y Ricardo Farías, fijó penas de 25 años de prisión para Manuel García Tallada y Juan Carlos Fotea, mientras que Carlos Capdevilla fue sentenciado a 20 años de prisión y Juan Antonio Azic a 18 años de prisión. Juan Carlos Rolón y Pablo García Velazco fueron absueltos.
Un santiagueño, morocho y alto, atravesó como una tromba la ventana del bar de Córdoba 1819. Las balas cayeron sobre él y El Negro Migueles Chazarreta cumplió su objetivo de no entregarse con vida. Era el 29 de marzo de 1977. Desde ayer otra baldosa, de esas que Barrios por la Memoria están haciendo aparecer en las calles de Buenos Aires, lo trae de nuevo al presente
FANCHIOTTI SEGUIRA PRESO POR LOS ASESINATOS DE KOSTEKI Y SANTILLAN
Imagen: Télam
FANCHIOTTI SEGUIRA PRESO POR LOS ASESINATOS DE KOSTEKI Y SANTILLAN
Con perpetua confirmada
La Cámara de Casación bonaerense ratificó la condena a prisión perpetua del comisario que comandó el operativo represivo en junio de 2002 en la estación de Avellaneda. Hoy se difundirán los fundamentos del fallo que se extiende sobre otros policías.
El ex comisario Alfredo Fanchiotti deberá resignarse a las comodidades de la cárcel de Florencio Varela porque la Justicia confirmó su condena a prisión perpetua por los asesinatos de los piqueteros Maximiliano Kosteki y Darío Santillán, ocurridos el 26 de junio de 2002 en Avellaneda. La sala I del tribunal de Casación bonaerense determinó que uno de los dos detenidos por este caso –el otro es el cabo Alejandro Acosta– siga tras las rejas de esa unidad del Servicio Penitenciario Federal, adonde fue trasladado luego de ser denunciado por sus salidas ilegales de la Unidad 25 de Olmos, la cárcel evangelista que fue su anterior alojamiento como reo. La sentencia tuvo el voto en disidencia del camarista Horacio Piombo y habría determinado reducciones de penas de los demás policías condenados, quienes así evitarían ir presos.
Fuentes judiciales confirmaron a Página/12 la existencia del fallo pero recién hoy trascenderían los detalles y argumentos, que los abogados querellantes ayer aún desconocían. Casación bonaerense se expidió pocos días antes de la prescripción del tramo de la causa correspondiente a los su-bordinados de Fanchiotti, luego de que la fiscalía presentara recursos de “pronto despacho” en cinco oportunidades, y a tres años de la primera audiencia oral, en la que comenzó a analizar las apelaciones presentadas por los uniformados condenados por la denominada Masacre de Puente Pueyrredón, que precipitó el fin del gobierno de Eduardo Duhalde.
La condena había sido dictada el 10 de enero de 2006 por el Tribunal Oral 7 de Lomas de Zamora, que sentenció a prisión perpetua a Fanchiotti y Acosta por el doble homicidio de Kosteki y Santillán, en tanto que los policías Carlos Jesús Quevedo, Mario Héctor de la Fuente y Félix Osvaldo Vega recibieron una pena de 4 años de prisión por encubrimiento. Y Gastón Sierra, Lorenzo Colman y Francisco Robledo recibieron penas de entre tres años y 10 meses en suspenso.
Cuando ocurrieron los homicidios de Kosteki y Santillán, Fanchiotti era el jefe de patrullas de Avellaneda, y Acosta, su chofer, tenía el grado de cabo. Ambos fueron acusados, además, por otros intentos de homicidio en perjuicio de varios manifestantes heridos durante aquel operativo represivo.
Mientras el fiscal de Casación Carlos Altuve intentó confirmar los fundamentos de aquella condena, la defensa del ex comisario Fanchiotti no sólo aportó argumentos jurídicos, sino que también presentó “nuevas pruebas basadas en peritajes” para intentar revertir su sentencia. En principio, las fuentes consultadas confirmaron que no lo habría logrado.
Tampoco habrían tenido eco los pedidos de que el caso pase al fuero federal. Fue en ese fuero que no prosperó la otra denuncia, impulsada por la madre de Kosteki, contra los autores intelectuales de aquellos fusilamientos, con el ex presidente Eduardo Duhalde a la cabeza. “Me hicieron una cama, me abandonaron todos y me atribuyen toda la responsabilidad, estoy preso por orden directa de Duhalde”, se había quejado Fanchiotti cuando declaró en la Justicia Federal. Aunque ese expediente fue archivado, en aquella audiencia el ex policía había relatado que el día previo a la represión hubo una reunión en el Ministerio de Seguridad bonaerense en la que los jefes de Inteligencia fueron informados del plan “aplicar represión para restablecer el orden con precisión quirúrgica, para separar a los caceroleros de los piqueteros”. Fanchiotti contó que el jefe departamental de Lomas de Zamora, Félix Vega, sabía del plan y cuando quiso poner al frente del operativo a su segundo, Mario Mijín, el policía le dijo que “ni loco porque iba a haber quilombo”. Por eso terminó yendo él. Mijín apareció al poco tiempo suicidado.
En aquella oportunidad, Fanchiotti especuló con que el entonces canciller Carlos Ruckauf quería perjudicar a Duhalde y por eso envió “infiltrados” a la manifestación ¿Su responsabilidad? Dijo que no tuvo nada que ver, que la Prefectura también tiró balas de plomo ese día. “Salvaron a Vega (su jefe), que me usó y me abandonó; yo que creía que había cumplido con mi deber”, se lamentó el ex comisario.
LA CAMARA DE CASACION REALIZARA UN PLENARIO PARA AGILIZAR LAS NORMAS EN LOS JUICIOS POR CRIMENES DE LESA HUMANIDAD. La mayoría de los camaristas consensuaron la necesidad de introducir cambios para evitar la reiteración de testigos y la permanente discusión sobre si hubo un plan de exterminio. En febrero se precisarán los alcances de las reformas
jueves 29 de diciembre de 2011
En el marco de la megacausa que investiga los crímenes cometidos por miembros del Primer Cuerpo del Ejército durante la última dictadura, el juez federal Daniel Rafecas dictó el procesamiento con prisión preventiva de quince represores que actuaron en la comisaría de Monte Grande y en el centro clandestino de detención Cuatrerismo-Brigada Güemes, también conocido como Protobanco
El juez federal Daniel Rafecas.
Imagen: Télam
EL JUEZ FEDERAL DANIEL RAFECAS PROCESO A QUINCE REPRESORES
Los crímenes del centro Protobanco
El campo funcionó desde 1974. Dependía del Ejército y de la Bonaerense. También participaron integrantes de la Triple A. La causa involucra además a la comisaría de Monte Grande.
En el marco de la megacausa que investiga los crímenes cometidos por miembros del Primer Cuerpo del Ejército durante la última dictadura, el juez federal Daniel Rafecas dictó el procesamiento con prisión preventiva de quince represores que actuaron en la comisaría de Monte Grande y en el centro clandestino de detención Cuatrerismo-Brigada Güemes, también conocido como Protobanco. Ese campo de exterminio funcionó aun antes del golpe de Estado –desde 1974– en el cruce del Camino de Cintura y la autopista Riccheri, frente al centro clandestino El Vesubio. Dependía del Ejército y de la Policía Bonaerense y allí también revistaron algunos integrantes de la Triple A.
La extensa resolución de Rafecas incluye a 137 víctimas, de las cuales la mitad permanece desaparecida o fue asesinada. El juez hizo una reconstrucción de la identidad política de los secuestrados y señaló que a ese centro clandestino fueron llevados militantes del PRT-ERP, el Frente Revolucionario 17 de Octubre y la Organización Comunista Poder Obrero (OCPO), que fue “arrasada” por la represión, ya que, destacó en el fallo, “no ha quedado un solo sobreviviente de todos los que se tuvo noticia estuvieron secuestrados” en ese lugar. Entre estas víctimas están los tres hijos desaparecidos de Renée Epelbaum, fallecida Madre de Plaza de Mayo.
Los detenidos ex comisarios de la Bonaerense José Madrid y Guillermo Ornstein, con los suboficiales José Sánchez, Angel Salerno y Carlos Tarantino están imputados porque el 4 de noviembre de 1975 desplegaron un operativo ilegal en Palermo y detuvieron a seis personas, salvajemente golpeadas y trasladadas al centro clandestino Cuatrerismo-Brigada Güemes, donde fueron torturadas. En el mismo procedimiento fue asesinada María Teresa Barvich, de 24 años, embarazada de dos meses. Charo Moreno, embarazada de cuatro meses, habría sido víctima de una paliza; a Norberto Rey y Blanca Becher los golpearon hasta quebrarles las costillas y quedar inconscientes, y tanto Rey como Washington Mogordoy fueron alcanzados por disparos de arma y tuvieron que ser hospitalizados. Por haber intervenido en el mismo operativo, el juez Rafecas también dispuso la detención de dos civiles: los ex agentes Eduardo Ruffo y Raúl Antonio Guglielminetti, ya condenados en la causa por Automotores Orletti.
El magistrado ordenó además la detención de los ya condenados Hugo Pascarelli y Miguel Etchecolatz. Les imputó el cautiverio y torturas de 122 víctimas que estuvieron en Cuatrerismo-Brigada Güemes y la muerte por torturas de tres personas.
En la comisaría de Monte Grande estuvieron cautivas unas veinte personas y todas ellas fueron mantenidas en un régimen de inanición, en absoluta oscuridad, sin poder higienizarse e ir al baño, abstraídas del conocimiento de sus familiares, sin contacto con el exterior y con la amenaza de la tortura o de la desaparición. Por estos hechos y por el homicidio de Rachel Venegas Illanes fueron imputados Federico Minicucci y Faustino Svencionis, Guillermo Díaz, Nildo Delgado, Daniel Mancuso y Alberto Bulacio.
miércoles 28 de diciembre de 2011
LA RESOLUCION JUDICIAL QUE HABILITA A REPRESOR A EJERCER COMO ABOGADO, Duhalde afirmó que con su resolución, "los camaristas dejaron de lado el fundamento ético de la profesión de abogado, que obliga a los profesionales a actuar en todas sus tareas como auxiliares de la justicia. Permitir que un genocida condenado por gravísimas violaciones a los derechos humanos ejerza como abogado es casi una burla para tantos y tantos profesionales que, por ser consecuentes con su deber ético, fueron víctimas del Estado terrorista", sostuvo
El secretario de Derechos Humanos, Eduardo Luis Duhalde, expresó su satisfacción por la detención de Luis Baraldini, ex jefe de policía de La Pampa durante la última dictadura, quien por decisión del gobierno boliviano fue expulsado de ese país y remitido a la Argentina, donde tenía pedido de captura por su actividad en el terrorismo de Estado. Baraldini está señalado por víctimas y sobrevivientes de la represión en La Pampa como uno de los más feroces torturadores
El cuarto juicio oral y público en Córdoba por delitos de lesa humanidad cometidos por el terrorismo de Estado durante la dictadura será un “megajuicio”. Las razones son varias: será la séptima vez que el represor Luciano Benjamín Menéndez se siente en el banquillo, con sus seis condenas anteriores a prisión perpetua. Le harán compañía el ex mayor carapintada Ernesto “El Nabo” Barreiro y el capitán Héctor Vergez, jefe de interrogadores y jefe, respectivamente, del centro clandestino La Perla
martes 27 de diciembre de 2011
Los familiares de víctimas del franquismo que conforman la querella son por el momento seis, “pero hay un gran número de causas nuevas que se ingresarán en los próximos meses”, cuenta el abogado Máximo Castex. Denuncian el fusilamiento y desaparición de familiares, torturas físicas y otros tratos crueles
TESTIMONIOS DE VICTIMAS
El horror presente
Los familiares de víctimas del franquismo que conforman la querella son por el momento seis, “pero hay un gran número de causas nuevas que se ingresarán en los próximos meses”, cuenta el abogado Máximo Castex. Denuncian el fusilamiento y desaparición de familiares, torturas físicas y otros tratos crueles.
Darío Rivas, de 91 años, vive desde los 9 en Buenos Aires. Su padre, Severino Rivas Barja, fue asesinado por oficiales falangistas “por traición a la patria” en 1936. Su cadáver permaneció desaparecido durante décadas, enterrado en una fosa común, hasta que en 2005 su hijo lo pudo recuperar. Al momento de su muerte era alcalde de Castro de Rey, en la provincia de Lugo. “Era socialista del corazón, le gustaba ayudar a los pobres” y, por eso, los legisladores del municipio que encabezó pusieron su nombre a una calle, contó Rivas a este diario.
La denuncia de Rivas fue la impulsora de toda la causa en abril de 2010. Fue acompañada por la demanda de Inés García Holgado, vecina de la Ciudad de Buenos Aires, que pide justicia por las muertes de un tío y dos tíos abuelos. Su tío es Vicente García Holgado, un argentino que fue de niño a España, estudió medicina en la Universidad de Salamanca, integró las Milicias Castellanas Antifascistas Batallón Los Comuneros y en 1936 fue ascendido a teniente médico. Permanece desaparecido.
Los tíos abuelos de la querellante son Elías y Luis García Holgado. Elías, madrileño nacido en 1881, fue alcalde de Lumbrales, en Salamanca, y diputado provincial entre 1931 y 1936; mientras que Luis fue durante la Segunda República española, en 1934, concejal en el Ayuntamiento de Astorga. Ambos fueron fusilados.
La tercera denunciante es Silvia Carretero Moreno, española de 57 años. “Inicio una querella criminal por los delitos de genocidio y/o de lesa humanidad en ejercicio del principio de jurisdicción universal, cometidos contra mi persona y mi marido”, dice su presentación judicial. Los dos militaban en un agrupación universitaria de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología, que respondía al frente Revolucionario Antifascista y Patriota (FRAP), que buscaba derrocar al régimen de Franco.
En 1975, cuando llevaba dos meses y medio de embarazo, Inés fue detenida, desnudada, interrogada, golpeada y torturada al punto de conservar cicatrices en sus manos. “Nos importa tres cojones si abortas”, le dijeron sus carceleros, que incluso la amenazaron con hacerla copular con un perro, técnica usada por la Gestapo para destruir el útero de la mujer.
Su marido, José Luis Sánchez-Bravo Solla, “fue torturado en las dependencias policiales de la Dirección de Seguridad durante días, aplicándosele corrientes eléctricas en los testículos por lo que estuvo orinando sangre hasta el día de su muerte”, dice la denuncia. Inés agrega en su declaración: “Fue condenado a la pena de muerte y Franco da su ‘enterado’ a pesar de las peticiones de indulto mundiales, tanto sociales como de dirigentes políticos y religiosos”. Lo fusiló un pelotón de cinco policías el 27 de septiembre de 1975.
Por su parte, Adriana Beatriz Fernández Galisteo, argentina del partido de Tigre, encabeza la denuncia por el fusilamiento y desaparición de su abuelo, Antonio Fernández González, jornalero nacido en 1912. Tenía esposa e hijos pequeños, cuando lo fusilaron en 1936. “La versión que circuló fue que lo mataron por haber avisado a un compañero que se escapara porque vendrían a buscarlo”, declaró su nieta. El acta de defunción fija su deceso “a consecuencia de la lucha contra el marxismo”.
La lista la cierran los españoles Críspulo Nieto Cicuéndez, que demanda por su padre y su tío, fusilados en 1940, y Eugenio Emilio Gómez San Juan, que denuncia por su abuelo detenido por insultar a generales falangistas, muerto en prisión por tuberculosis pulmonar en 1938. Pero ya hay nuevos damnificados que están tramitando sus denuncias.
Informe: R. M.
La Justicia argentina empieza a investigar los crímenes del franquismo. La jueza María Servini de Cubría pidió nombres y domicilios de los militares vivos involucrados en el gobierno fascista, una lista con las empresas que se enriquecieron a costa del régimen e información sobre la cantidad de desaparecidos, fusilados y niños apropiados entre 1936 y 1977, año en que murió el dictador Francisco Franco
Los crímenes del franquismo permanecen sin ser juzgados en España, a pesar de la insistencia de las víctimas.
Imagen: Corbis
LA JUSTICIA ARGENTINA REQUIRIO INFORMACION A ESPAÑA SOBRE LOS CRIMENES DEL FRANQUISMO
Un atajo para luchar contra la impunidad
A partir de la denuncia de víctimas de la dictadura de Franco, la jueza Servini de Cubría pidió a España datos para iniciar la causa. El principio de justicia universal lo aplicó el español Baltasar Garzón para investigar a las dictaduras latinoamericanas.
La Justicia argentina empieza a investigar los crímenes del franquismo. La jueza María Servini de Cubría pidió nombres y domicilios de los militares vivos involucrados en el gobierno fascista, una lista con las empresas que se enriquecieron a costa del régimen e información sobre la cantidad de desaparecidos, fusilados y niños apropiados entre 1936 y 1977, año en que murió el dictador Francisco Franco. El requerimiento se enmarca en la causa iniciada por víctimas y familiares de fusilados y desaparecidos radicados en Argentina, que denuncian al Estado español, basados en principios de justicia universal. Fue a través de esos mismos términos internacionales que el juez Baltasar Garzón logró abrir investigaciones sobre los delitos cometidos en las dictaduras argentina y chilena y detener a Augusto Pinochet en Londres en octubre de 1998. En ese momento, la intervención judicial significó un enorme aporte a las causas de los organismos de derechos humanos de los dos estados americanos.
Pero lo que se hace hacia afuera, no se replica hacia adentro. Mientras desde el extranjero Garzón es aplaudido, en España lo espera un juicio que le inició el mismo Estado por haberse declarado competente para investigar los crímenes cometidos por La Falange, el partido que encabezaba Franco. “Yo actué como juez interpretando las normas nacionales e internacionales, como en otros casos”, dijo en declaraciones radiales recientes. Lo que pasa, en su opinión, es que “el franquismo en España todavía está vivo”.
En ese marco, organismos de derechos humanos españoles manifestaron que temen que, con la llegada de la derecha al poder, de la mano del jefe del Ejecutivo Mariano Rajoy, se retroceda en los derechos adquiridos. “Existe un peligro de regresión, porque la crisis económica es la excusa para que caigan las ayudas que recibimos”, apuntó Pedro Vicente Romero de Castilla Ramos, referente de la asociación Memoria Viva. En julio último, además, el Parlamento español ratificó la Ley de Amnistía vigente desde 1977, que bloquea el procesamiento de los militares involucrados.
Por eso, para Garzón es “complicado” que otro juez español investigue los crímenes de la dictadura franquista. Paradójicamente, en ese contexto, la Fiscalía General del Reino de España realizó un informe, a pedido de Cubría, destinado a responder si España investiga los crímenes del franquismo. La respuesta fue que “se han tramitado y se están tramitando numerosos procedimientos judiciales”. Algunas de las causas en curso citadas por la autoridad española se referían a los procesos desprendidos de las acciones de Garzón. “Esas causas se archivan automáticamente por prescripción o por una cuestión de competencia, ya que los jueces buscan que se haga cargo el Tribunal Superior de España”, explicó el abogado querellante Máximo Castex.
Con el exhorto de ayer, Servini de Cubría derrumbó la endeble torre de argumentos. Solicitó los “nombres y últimos domicilios conocidos de los miembros de los Consejos de Ministros de los Gobiernos del Estado Español y de los miembros de los mandos de las Fuerzas Armadas, Guardia Civil, Policía Armada, Directores de Seguridad y dirigentes de La Falange” que actuaron durante el franquismo –comprendido entre el 17 de julio de 1936 y el 15 de junio de 1977– con la “certificación de los que hayan fallecido”.
Además, pidió el número de personas desaparecidas, con sus nombres completos, y la fecha y el lugar de sus desapariciones; la cantidad de personas asesinadas y torturas por “persecución política”; y la cifra de niños sustraídos a sus familias de origen, apropiados y con su identidad sustituida por familias afectadas a la dictadura. Las agrupaciones que luchan por la memoria aseguran que son al menos 30 mil los bebés robados.
También se requiere informes sobre las fosas comunes encontradas, la cantidad de cuerpos recuperados a la fecha y la lista de empresas privadas beneficiadas del trabajo forzado y esclavo de los presos republicanos, que aún siguen activas. Para Castex, ese último punto del exhorto librado el 13 de diciembre último es fundamental. “Con las enormes distancias y diferencias, puede tener las repercusiones que acá tiene el tema de (la empresa que durante la dictadura militar pasó a manos del Grupo Clarín) Papel Prensa.”
Todas las medidas pedidas por Servini de Cubría corresponden a las peticiones solicitadas por el equipo de abogados de los familiares o españoles radicados en Argentina. En su última presentación, el 25 de noviembre último, la querella solicitó además que la jueza se constituya en la embajada nacional en España para recibir en persona nuevas denuncias y testimonios de víctimas. La magistrada podría dar lugar a este pedido una vez que recabe los datos solicitados.
“Tras 40 años de dictadura y 35 de democracia –sostienen los abogados argentinos en el último documento entregado a Cubría–, en España no sólo no existe siquiera una Comisión de la Verdad (si no que) no hay un solo niño a quien se le haya restituido su identidad. No hay un solo victimario que haya sido identificado, uno al que siquiera un juzgado le haya tomado declaración, ni un imputado por la comisión de alguno al menos de los múltiples, masivos, generalizados crímenes cometidos.”
Informe: Rocío Magnani.
Lea la fuente de la informaciñon
TUCUMAN. Dos megacausas por delitos de lesa humanidad llegarían a juicio en 2012
Martes 27 de Diciembre de 2011 | Los expedientes "Arsenales II" y "Jefatura II" investigan centros clandestinos de detención. Por los hechos examinados, producidos durante la dictadura militar, hay casi 50 imputados. Sin fechas de debate. Más de 200 víctimas
Algunos de los capítulos más terribles de la historia reciente de Tucumán serán revisados el año próximo, si prosperan los requerimientos fiscales para que dos "megacausas" por delitos de lesa humanidad, producidos en centros clandestinos de detención durante la última dictadura militar, lleguen a juicio oral y público.
El expediente denominado "Jefatura de Policía II", en el que figuran 25 imputados y 110 víctimas, fue enviado en agosto al despacho del juez federal N° 1, Daniel Bejas. Según fuentes judiciales, la intención es que la causa pase cuanto antes al Tribunal Oral en lo Criminal Federal (TOF), para que se fije la fecha de inicio de debate.
Además, la semana pasada, los fiscales Pablo Camuña y Patricio Rovira, de la Unidad Fiscal de Derechos Humanos, oficina Tucumán, solicitaron la elevación a juicio de la investigación denominada "Arsenales II", en la que hay 22 imputados y 97 víctimas. "La diversa extracción de los imputados resalta el complejo entramado de fuerzas y unidades que intervinieron para posibilitar el funcionamiento de lo que fue el centro de detención y exterminio más grande del norte del país", resaltó el Ministerio Público Fiscal, en alusión al ex arsenal Miguel de Azcuénaga.
En ambas causas se investigan diferentes tipos de delitos, pero fueron englobados según los centros donde fueron producidos. Sobre esa base, se busca determinar la presunta responsabilidad penal de varios sospechosos, la mayoría de ellos integrantes de las fuerzas de represión que actuaron durante la dictadura militar y que tuvieron jurisdicción en esta provincia.
En el expediente "Jefatura II" figuran como imputados Oscar Humberto Gómez; Hugo Rolando Albornoz; Mario Miguel D'Ursi; Luis Armando de Cándido; Ramón Ernesto Cooke; Camilo Ángel Colotti; Miguel Chuchuy Linares; Hugo Figueroa; Jorge Omar Lazarte; Ramón César Jodar; Félix Insaurralde; Juan Alberto Abraham; María Luisa Acosta de Barraza; Ernesto Arturo Alais; Luciano Benjamín Menéndez; Ángel Custodio Moreno; Luis Edgardo Ocaranza; Miguel Ángel Zavalía; Norberto Ricardo Villegas; Guillermo Agustín Ugarte; Ricardo Oscar Sánchez; Rolando Reyes Quintana; Pedro Joaquín Pasteris; Antonio Esteban Vercellone; y Roberto Heriberto Albornoz, según el informe publicado en el sitio web del Ministerio Público Fiscal de la Nación.
Según fuentes de la Justicia Federal local, esta "megacausa" sería la primera de las dos en llegar a juicio, teniendo en cuenta que el requerimiento llegó antes a manos del magistrado.
El otro expediente investiga delitos de lesa humanidad producidos en el ex Arsenal Miguel de Azcuénaga, donde hace pocos días se confirmó el hallazgo de 15 cuerpos (aún no identificados) calcinados dentro de una fosa común.
En esta "megacausa", según la agencia DyN, los imputados son el escribano Juan Carlos Benedicto (prófugo); el cura católico José Mijalchyk; los militares Miguel Alfredo Manuel Paz, Colotti, Ariel Rolando Valdiviezo, Carlos Eduardo Trucco, Augusto Leonardo Neme, Luis Orlando Varela, Luis Daniel De Urquiza, Adolfo Ernesto Moore, Ramón Alfredo Ojeda Fuente, Fernando Torres, Hugo Enzo Soto, Pedro Osvaldo Caballero, Tomás Adolfo Güemes, Alberto Héctor Rafael Montes de Oca, Ernesto Rivero, José Carlos Sowinski, Marcelo Omar Godoy, Celso Alberto Barraza; y el ex comisario "Tuerto" Albornoz.
La fiscalía consideró que los delitos se perpetraron en circunstancias tremendas. "Se actuó con las víctimas en un total estado de indefensión (prueba de ellos son los restos de ataduras halladas en las extremidades de los cadáveres) y con el fin de borrar los rastros del delito, para lo cual no sólo fueron incinerados los restos sino que además pudo registrarse con claridad remociones posteriores efectuadas por medios mecánicos", expresa el documento.
La causa "Arsenales II" será la primera en Tucumán que tendría en el banquillo a dos civiles. Hasta ahora, al igual que "Jefatura II", no tiene fecha de juicio. Pero la intención es que se concreten cuanto antes, indicó una fuente judicial.
En marzo, Videla será juzgado por el TOF
El primer juicio en la agenda del TOF para 2012 es por la causa "actuaciones para la investigación de la muerte de Osvaldo de Benedetti". Según un informe del Ministerio Público Fiscal de la Nación, están imputados Jorge Rafael Videla, Luciano Benjamín Menéndez; Héctor Hugo Chilo; Jorge Eduardo Gorleri; Alberto Carlos Lucena; Jorge González Navarro; Camilo Colotti; y Ariel Valdiviezo
lunes 26 de diciembre de 2011
La causa Feced sigue avanzando. El martes 20 de diciembre en el Juzgado Federal Nº 2 de San Martín se constituyeron el juez federal Marcelo Bailaque, instructor de la causa y el fiscal Gonzalo Stara, con el objeto de tomar declaración indagatoria al responsable máximo de la implementación del plan genocida desplegado durante la última dictadura militar, el primer dictador que usurpara el pode estatal el 24 de marzo de 1976, Jorge Rafael Videla
La Justicia anuló la decisión de excarcelar a Aguirre, quien se desempeñó como jefe de la Sección Comando y Servicios y encargado de la Segunda Sección de Ejecución en el Destacamento de Inteligencia 181 de Bahía Blanca, y está acusado de los delitos de privación ilegal de la libertad, imposición de tormentos y homicidio agravado durante la última dictadura militar
Luis Enrique Baraldini, jefe de la Policía de La Pampa durante la dictadura y prófugo de la Justicia desde 2003, fue detenido en Bolivia y expulsado a la Argentina, donde será juzgado por delitos de lesa humanidad. Baraldini, que fue carapintada, fue capturado anteayer por la policía aeroportuaria en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, y se encuentra desde ayer en la cárcel de Marcos Paz, en Buenos Aires
EL JUEVES CULMINA EL JUICIO ORAL POR LOS CRIMENES COMETIDOS EN EL HOSPITAL El día de la sentencia por el Posadas
EL JUEVES CULMINA EL JUICIO ORAL POR LOS CRIMENES COMETIDOS EN EL HOSPITAL
El día de la sentencia por el Posadas
Los acusados son el dictador Reynaldo Bignone y los represores Hipólito Mariani y Luis Muiña. Los tres están acusados por privación ilegal de la libertad y tormentos de 21 personas.
Por Alejandra Dandan
“Realmente a esta altura no importa tanto la sentencia, porque la mayoría de los responsables están muertos. Pero lo importante lo reflejaron los testimonios del juicio: hablaron de la calidad de personal que estaba porque quería al hospital y eso intentó destruir la dictadura. Para nosotros lo importante ahora es que ese relato quede avalado por la Justicia: no es lo mismo que lo digamos nosotros que lo diga un juez.” Zulema Chester es hija de una de las víctimas del hospital Posadas, querellante del juicio oral que empezó en octubre, con más de treinta años de demora, y cuya sentencia finalmente llegará el próximo jueves. Entre los acusados está el emblemático dictador Reynaldo Bignone, para quien fiscalía y querellas pidieron 25 años de prisión. Una de las expectativas más importantes está puesta en la evaluación que haga el Tribunal Oral Federal 2 sobre la única persona que llegó a juicio como parte del grupo de tareas Swat y, en ese sentido, qué evaluación haga sobre el funcionamiento de esa organización. Mientras fiscales y querellas probaron que Swat actuó como grupo represivo, la defensa intentó presentarlo como un grupo administrativo.
El juicio del Posadas llega a un final después de varias semanas de audiencias caldeadas que potencian las expectativas. Además de Bignone –que, por su rol en el Ministerio de Acción Social, el día del golpe decidió la intervención del hospital–, están acusados Hipólito Mariani, ex jefe de la Brigada Aérea de El Palomar, y Luis Muiña, del grupo “Swat”, un comando interno del Posadas, a cargo de la dirección y –acaso como en ningún otro lado– con contratos de trabajo, como explicó la fiscalía de Javier de Luca. Los tres están acusados por privación ilegal de la libertad y tormentos de 21 personas, entre las que hay seis desaparecidos. Pese a las pruebas del hallazgo del cuerpo de Jacobo Chester o de los testigos que dijeron haber visto cómo murió Jorge Roitman en el centro clandestino, en las últimas semanas el TOF rechazó un pedido de la fiscalía para sumarles los cargos por los homicidios.
Otro de los puntos complicados del último tramo fueron los alegatos de las defensas oficiales. Los familiares se quedaron impactados con la defensa de tono política de los abogados, entre ellos a Santiago Finn: “Queremos repudiarlos porque reivindicaron las leyes de la dictadura y yo creo que hay que salir a denunciar estas cosas porque estudiaron en la UBA y tienen un sueldo que pagamos todos”, dijo Chester, en una posición con la que coincidió la fiscalía.
Fuera de eso, el juicio mostró novedades para la historia del Posadas. Hubo familiares que declararon por primera vez. También médicos. Decenas de trabajadores del hospital volvieron a dar testimonio. Uno de los médicos habló del acercamiento a la villa Carlos Gardel, ubicada enfrente, clave para entender la ola represiva: “El hospital era un edificio al que la gente de la Carlos Gardel no se atrevía a entrar, los profesionales empezaron a reunirse en la villa para decirles que el hospital era para ellos, que podían vacunarse, ir. Ellos empezaron a participar de las asambleas, de las líneas de trabajo y a eso fue a lo que le quisieron pegar”, dice Chester. “A lo largo de todos estos años, costó abrirle la cabeza a la gente y demostrar qué había pasado acá. Eso está apareciendo ahora”.
domingo 25 de diciembre de 2011
El represor y ex carapintada Luis Baraldini, quien está acusado de delitos de lesa humanidad en La Pampa, fue detenido hoy en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. Desde su fuga en noviembre de 2003, cuando se reabrió la causa que investiga los secuestros y torturas cometidas en La Pampa durante el último gobierno de facto, el rastro de Baraldini se suponía en Bolivia ya que allí estuvo como agregado militar desde 1980 hasta 1982
sábado 24 de diciembre de 2011
Con motivo de las investigaciones por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar que se vienen llevando adelante en el Juzgado Federal n° 2 de San Nicolás -por secretaría del Dr. Cristián Andrés Lassalle-, el Juez Federal Carlos Villafuerte Ruzo ordenó la elevación parcial a juicio oral y público del tramo de las causas denominadas “Hofer” y “Ceccon”
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La Corte revocó decisión de excarcelar a imputado por delitos de lesa humanidad. Se trata de Víctor Raúl Aguirre, quien se desempeñó en el Destacamento de Inteligencia 181 de Bahía Blanca durante el último gobierno militar. Está acusado de los delitos de privación ilegal de la libertad, imposición de tormentos y homicidio agravado
viernes 23 de diciembre de 2011
Siete policías federales, tres de ellos con rango de comisario, serán juzgados por un tribunal oral por haber liberado la zona y facilitado el ataque de una patota de la Unión Ferroviaria (UF) que terminó en el asesinato de Mariano Ferreyra durante una protesta de trabajadores tercerizados del Ferrocarril Roca. La jueza Wilma López, que estuvo a cargo del caso, elevó a juicio esta semana el expediente donde se investigó la responsabilidad de los agentes en los hechos
OCHO AÑOS DE PRISION PARA UN EX COMISARIO REPRESOR. Se trata de Juan Demetrio Luna, quien tuvo a su cargo la comisaría de Tigre. La Justicia lo consideró “partícipe necesario” de la privación ilegal de la libertad y los tormentos a dos detenidos, uno de ellos aún desaparecido
Imagen: Rolando Andrade
OCHO AÑOS DE PRISION PARA UN EX COMISARIO REPRESOR
Una condena con gusto a poco
Se trata de Juan Demetrio Luna, quien tuvo a su cargo la comisaría de Tigre. La Justicia lo consideró “partícipe necesario” de la privación ilegal de la libertad y los tormentos a dos detenidos, uno de ellos aún desaparecido.
Por Alejandra Dandan
“¿Pero no te das cuenta de que ese hombre tiene la boca caída de la cara? ¿Que nunca en su vida debió haberse reído? ¿Que es como la cara de la maldad?”, lo semblanteó alguien del público. El ex comisario Juan Demetrio Luna estaba ya sentado en la minúscula sala de audiencias del Tribunal Oral Federal de San Martín. Tras una hora de espera, luego de una invitación fallida a que pronuncie las últimas palabras, el presidente del TOF, Héctor Omar Sagretti, le leyó el veredicto: una condena a ocho años de prisión por la privación ilegal de la libertad agravada y tormentos agravados de dos personas, una de ellas aún desaparecida. La condena dejó sin embargo gusto a poco entre familiares, querellantes y fiscales, que habían pedido entre 15 y 25 años de prisión. Pese a que aún no están los fundamentos, el TOF parece haber seguido la lógica de la condena al comisario Fernando Meneghini, de Escobar –juzgado en el juicio a Luis Abelardo Pa-tti–: la evaluación de la policía como subordinada al Ejército y entonces con una función subsidiaria. La relación de las dos víctimas con el secuestro en la sede de la planta de Ford en Pacheco fue otro de los ejes de la causa.
La comisaría de Tigre fue uno de los centros clandestinos de la dictadura. Ahí fueron a parar secuestrados provenientes especialmente de los astilleros de la zona y los secuestrados de Ford. Luna estuvo a cargo de ese lugar entre junio de 1976 y enero de 1977. Y fue condenado por el secuestro y los tormentos a Victorio Derganz y Carlos José Fateche, levantados el 27 de diciembre de 1976 de la puerta de la planta de Ford.
“Mi hermano no tenía militancia política ni nada, y había ido ahí con el amigo a pedir trabajo”, decía ayer Stella Fateche, la hermana de Carlos. Carlos no tenía trabajo. Derganz, en cambio, había trabajado en Ford y era delegado del gremio madereros de Cominco. Ese día acompañó a su amigo a buscar trabajo a la planta. Cuando llegaron, Derganz pidió una audiencia con Pedro Müller, gerente de manufacturas, ya fallecido, a quien quería ver para recomendar a su amigo. “Les hicieron llenar un formulario y luego personal de seguridad les indicó que estacionaran el Fiat 600 de Fateche”, indicó la reconstrucción para el alegato Mariana Maurer y Rosario Alvarez Garriga, de la Secretaría de Derechos Humanos. Estacionaron. Dos policías bonaerenses les pidieron documentos, revisaron el auto y les anunciaron que iban a quedar demorados.
Quedó probado que desde el interior de la fábrica se les acercó un camión del Ejército. Que luego los llevaron al parque recreativo y después fueron trasladados en un patrullero a la comisaría de Tigre. Derganz, liberado tras 27 días de secuestro, siempre declaró que en la comisaría también estaba Carlitos, a quien reconoció por su voz. Los dos fueron sometidos a tormentos. Fateche sigue desaparecido.
En la sala de audiencias se sentó Celia Buciga, la madre de Carlos, de casi ochenta años, que no dejó de mirar a los ojos a Luna como lo hizo desde el 22 de noviembre, cuando comenzaron las audiencias. “Cada vez que lo miro fijo, él termina bajando la mirada –dice–. Eso sí, pero nunca un saludo.” Celia conoció a Luna en el ’76, mientras buscaba a su hijo. Fue varias veces a la comisaría donde ella misma encontró estacionado el Fiat y una de sus hijas oyó a un policía decir: “Estas son las ropas de Fateche”. Cada vez que ella, sin embargo, le preguntaba por su hijo, el comisario negaba que estuviera en ese lugar. Llegó al juicio convencida de que a lo mejor todavía podía decirle algo. “Yo esperaba algo de todo esto –dice–. Que él me diga que mi hijo está muerto, fallecido, pero nada de nada, como si se lo hubiera tragado la tierra.”
Al lado de Celia se sentaron su hija, Stella, y dos de sus nietos. Iris, la madre del Negrito Floreal Avellaneda, ocupó uno de los extremos de la sala y fue la primera que pudo decir algo para romper el insoportable silencio después de las sentencias: “¡Qué vergüenza! ¡La verdad que es una lástima!”. Y alguien entonces cantó: “Como a los nazis les va a pasar...”
El TOF entregará los fundamentos el 30 de diciembre, y eso permitirá una mayor comprensión de la sentencia. De momento, hubo una evaluación en la que coincidieron las querellas de la Secretaría de Derechos Humanos; Pedro Dinari, de Familiares de Desaparecidos, y el fiscal Marcelo García Berro. Por un lado, todos subrayaron la importancia de una nueva condena en el proceso más amplio de memoria, verdad y justicia a un comisario como Luna que no tenía hasta ahora ninguna condena y con una situación procesal que estaba al límite de todos los tiempos. Sin embargo, criticaron la evaluación del tribunal sobre el papel de la policía y leyeron el fallo en relación al de Meneghini. Como en aquel caso, la fiscalía y las querellas acusaron a Luna como “autor mediato”, pero los jueces lo condenaron “como partícipe necesario”. “Con Meneghini no nos pareció tan grave, pero ahora habrá que empezar a analizarlo”, dijo Dinari.
El otro tema de la causa es la relación de Ford con la dictadura. La megacausa de Campo de Mayo tiene un tramo del expediente por Ford elevado a juicio oral. El único acusado de ese tramo es un militar, Omar Riveros. El juez de primera instancia y la fiscalía se negaron hasta ahora a imputar a los civiles, explicaron a Página/12 Maurer y Alvarez Garriga.
“Está absolutamente probada la complicidad de los civiles de Ford con el Ejército –dicen–. Por el campo recreativo de la Ford pasaron detenidos los trabajadores considerados molestos por la empresa. Los querellantes y la Secretaría de Derechos Humanos nos hemos cansado de pedir que se investigue la responsabilidad civil. Es una empresa privada que marcaba a sus propios trabajadores y los militares los iban a secuestrar y los torturaban. Hay antecedentes de este tipo de responsabilidades en el derecho internacional, incluso en Nüremberg.”
En la puerta del juzgado, las demandas quedaron escritas en una bandera. “Delegados sobrevivientes del terrorismo cívico militar de Ford Motor Argentina, secuestrados y torturados dentro de la fábrica. Memoria, verdad, Justicia!”
Lea la fuente de la información
La Justicia identificó los restos de Cecilia Rottemberg y Tomás Adolfo Paredes, desaparecidos durantre la dictadura, y ordenó la devolución a sus familias, con lo que el número de casos resueltos asciende a 233. Rottemberg fue secuestrada el 2 de enero de 1977 en Isidro Casanova y tenía 21 años
Desaparecidos identificados
La Justicia identificó los restos de Cecilia Rottemberg y Tomás Adolfo Paredes, desaparecidos durantre la dictadura, y ordenó la devolución a sus familias, con lo que el número de casos resueltos asciende a 233. Rottemberg fue secuestrada el 2 de enero de 1977 en Isidro Casanova y tenía 21 años al momento de su muerte por impactos de armas de fuego, según determinó el Equipo Argentino de Antropología Forente. Su cuerpo fue encontrado el 5 de febrero de 1977 en San Justo y fue enterrada en una tumba de NN en el cementerio de Villegas, de La Matanza. Paredes fue secuestrado el 7 de mayo de 1976 en Capital Federal. Tenía 47 años y un día después fue encontrado fusilado en un descampado de Cañuelas, en cuyo cementerio fue inhumado también como NN.
El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de La Rioja fijó para el 15 de marzo el inicio del juicio oral y público por el asesinato de los sacerdotes Carlos Murias y Gabriel Longueville, ocurrido durante la dictadura militar. Serán juzgados el entonces vicecomodoro Luis Fernando Estrella, ex segundo jefe de la Base Aérea de Chamical y figura central de la dictadura en La Rioja; quien fuera el comandante del Tercer Cuerpo de Ejército, Luciano Benjamín Menéndez, y el ex comisario de la policía de Chamical, Domingo Vera
jueves 22 de diciembre de 2011
La jueza federal María Servini de Cubría aseguró que hubo 25 llamados telefónicos desde el Ministerio del Interior a la jefatura de la Policía Federal, al negar que no haya habido una orden del gobierno de Fernando De la Rúa para la represión del 20 de diciembre de 2001 "Yo lo escucho a De la Rúa decir que nadie de su gobierno dio la orden. Hay 25 llamadas -están grabadas- del Ministerio del Interior a la Jefatura de Policía, pero nunca se pudo determinar a qué funcionario se llamó. Después de esas llamadas empieza la represión", recordó la jueza, de activa participación por aquellos días
miércoles 21 de diciembre de 2011
Lesa humanidad: difundieron fallo que condenó a prisión perpetua a un acusado por crímenes en Santa Fe
El Tribunal Oral Federal de esa ciudad dio a conocer los fundamentos de la sentencia que impuso esa pena para el ex coronel José María González. Fue condenado por privación ilegal de la libertad agravada y homicidio, entre otros delitos
El Tribunal Oral Federal de Santa Fe, integrado por los jueces José María Escobar Cello, María Ivon Vella y Lilia Graciela Carnero, difundió los fundamentos de la sentencia que, el 7 de diciembre pasado, condenó a prisión perpetua al ex coronel José María González, por delitos de lesa humanidad cometidos en esa provincia durante el último gobierno militar.
González fue considerado autor penalmente responsable de los delitos de allanamiento ilegal de domicilio, privación ilegal de la libertad cometida por funcionario público en perjuicio de Ana María Felisa Cavadini y Mario Osvaldo Marini, agravada respecto del segundo por uso de violencia, y homicidio doblemente calificado en perjuicio de Mario Osvaldo Marini, todo ello en concurso real.
El tribunal resolvió diferir la resolución sobre la modalidad de detención que viene cumpliendo el condenado “hasta que cobre firmeza el presente resolutorio”.
Derechos humanos: la próxima semana se conocerá la sentencia en el juicio oral por crímenes en el Hospital Posadas
El Tribunal Oral Federal Nº 2 de la Capital leerá el veredicto el 29 de diciembre próximo. En el debate es juzgado, entre otros, el ex presidente de facto Reynaldo Bignone, para quien el Ministerio Público Fiscal pidió 25 años de prisión
El Tribunal Oral Federal Nº 2 de la Capital fijó para el 29 de diciembre próximo la fecha de sentencia en el juicio oral contra el ex presidente de facto Reynaldo Bignone, por delitos de lesa humanidad cometidos en jurisdicción del Primer Cuerpo de Ejército.
Cabe recordar que, durante su alegato, el Ministerio Público Fiscal solicitó 25 años de prisión para Bignone, 20 años para Luis Muiña y 12 para Hipólito Rafael Mariani. En tanto, la querella requirió 25 años para los tres acusados.
El debate se reanudará el próximo 22 de diciembre, a partir de las 10, con la jornada de réplicas y dúplicas.
Se investigan los hechos que habrían ocurrido en el ámbito del entonces “Policlínico Profesor Alejandro Posadas”, donde habría existido un centro clandestino de detención y tortura en el predio del hospital, conocido como “El Chalet del Hospital Posadas”, en virtud del cual habrían sido privadas de su libertad 22 personas y el sometimiento a tormentos de cinco de ellas.
El jefe de la Armada, Jorge Godoy, fue procesado por el caso del espionaje ilegal a políticos, integrantes de organismos de derechos humanos y dirigentes sociales. Así lo decidió el juez federal Daniel Rafecas, que consideró probado que tanto Godoy como el ex subjefe de la institución, Benito Rótolo, “controlaban el aparato de inteligencia” de la Marina
El militar retirado Héctor Gamen, general durante la última dictadura, deberá cumplir la condena a prisión perpetua que recibió en julio por crímenes de lesa humanidad cometidos en el centro clandestino de detención El Vesubio en una cárcel común, debido a que la Cámara Nacional de Casación Penal le revocó el beneficio de prisión domiciliaria que ostentaba hasta ayer
Perpetua en cárcel común
El militar retirado Héctor Gamen, general durante la última dictadura, deberá cumplir la condena a prisión perpetua que recibió en julio por crímenes de lesa humanidad cometidos en el centro clandestino de detención El Vesubio en una cárcel común, debido a que la Cámara Nacional de Casación Penal le revocó el beneficio de prisión domiciliaria que ostentaba hasta ayer. Los jueces Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Luis María Cabral hicieron lugar a un planteo del fiscal federal Félix Crous para que se revoque el beneficio a Gamen, tras quedar detenido en su domicilio cuando fue condenado por el Tribunal Oral Federal Nº 4. Fuentes judiciales informaron que Casación confirmó, con el voto en contra de Borinsky, la detención domiciliaria del ex coronel Hugo Idelbrando Pascarelli, también condenado a perpetua por los crímenes en El Vesubio. El TOF Nº 4 condenó el 14 de julio a Gamen por 22 homicidios calificados por hacer sido cometido por alevosía y por 76 casos de privación ilegítima de la libertad y aplicación de tormentos. Gamen había llegado en libertad al juicio y cuando fue sentenciado el tribunal ordenó su detención y luego le concedió la prisión domiciliaria debido a edad avanzada. Por los crímenes en El Vesubio también fueron condenados cinco ex agentes del Servicio Penitenciario Federal (SPF) a penas de entre 18 años y 22 años y medio de cárcel, en tanto que el tribunal ordenó que sean investigados por seis casos de abuso sexual y violación y 22 homicidios.
Agrupaciones políticas, sociales, gremiales, de derechos humanos y estudiantiles de izquierda se movilizaron ayer a la Plaza de Mayo al cumplirse el décimo aniversario de la revuelta popular del 19 y 20 de diciembre de 2001. Además de recordar a los asesinados durante la represión lanzada, antes de caer, por el gobierno de Fernando de la Rúa, los convocantes acordaron una serie de consignas que fueron el eje del documento leído sobre el escenario montado en la plaza
Marx, el 19/20 y el kirchnerismo
Imagen: Bernardino Avila
OPINION
Marx, el 19/20 y el kirchnerismo
Por Amílcar Salas Oroño *
1 En Marx, las imágenes juegan un rol decisivo: permiten al lector figurarse mejor las dimensiones, los espacios y el tiempo del drama contenido en el conflicto entre las clases. Son recursos casi literarios, líricos, al servicio del análisis de las contradicciones y los antagonismos del capitalismo. Muchas veces ese juego de imágenes y palabras es intermitente: a veces quieren decir una cosa y a veces otra; son como murciélagos: según la sombra, pueden ser pájaros o ratones. Pero esa insistencia de Marx por cargar con símbolos y metáforas variadas a su ciencia viene de su propia percepción de que la realidad misma es un conjunto de signos. Los signos de la calle. La lucha de clases se reorganiza, también, por lo que es puesto por los planos de la supraestructura política e ideológica y las palabras de la calle, por cómo los imaginarios sociales ordenan las acciones cotidianas, desde las domésticas hasta las más trascendentes.
2. La pertenencia a una clase social, un estamento, un determinado grupo, no es una delimitación milimétrica, formal y estática, sino más bien dinámica, variable; los contornos de las clases son móviles. El nudo de nuestra encrucijada colectiva de hace una década fue que el neoliberalismo había llevado las cosas a tal punto que nadie –que no fuera de las elites o los sectores dominantes– sabía muy bien dónde estaba parado; por todos lados, incertidumbre. Las identidades de clase se tornaron difusas –unas más que otras– o bien se degradaban en distinta intensidad, al compás de un enorme mural en el que la pobreza devolvía pequeños fragmentos desoladores desde diferentes regiones del país. Desde mediados de los ’90 todo fue una secuencia de relatos dolorosos, donde la niñez se transformaba en sinónimo de pobre, la “portación de rostro” en el sustantivo juvenil y la vergüenza económica del padre en un hogar desangelado. De Tartagal a Neuquén, de San Justo a Rosario, las noticias de la calle traían mayoritariamente decepciones personales, progresos imposibles.
3. En ese contexto, la lucha de clases no se estructuró en un antagonismo de un bloque frente a otro, con canales de negociación; fue todo más desordenado, confuso. Aparecieron, sí, prácticas de clase (subalterna). Hubo prácticas de clase dispersas, solidarias, reparadoras. Mecánicas colectivas, ingeniosas, de mano en mano, que no construyeron un sujeto político específico, pero que tuvieron la potencia suficiente como para perforar la red ideológica que cubría la dialéctica social: símbolos e interpretaciones contrarios a los que proponía el neoliberalismo. El 19 y 20, como proceso histórico –esto es, el que viene de antes del 2001 y se proyecta hacia adelante–, quebró aquel molde autodisciplinador en el que había quedado capturado el sentido de nuestra democracia. Emblemáticamente lo hizo anulando la legitimidad de lo que constituye el último recurso del dominio estatal, el estado de sitio. El 19 y 20 cruzó esa frontera; estaba claro que después las cosas ya no serían iguales. Se fue desvaneciendo el edificio de los lugares comunes de lo que debía ser una democracia, lo que significaba ser ciudadano, los derechos, las obligaciones. Fue un proceso, un movimiento liberador y esencialmente destructivo, de negación: negarse a naturalizar aquellas imágenes, a convivir con esa realidad productora de aquellas imágenes. En el medio, un coro de voces pidiendo “orden”: los sectores conservadores, las elites.
4. Abierta la grieta, la elaboración de los nuevos moldes, parámetros y lenguajes democráticos prosiguió durante el kirchnerismo, sobre la base de una dialéctica sustantivamente distinta. La reafirmación de los nuevos imaginarios no surgiría desde las apuestas a prácticas de clase en una sociedad desvencijada, sino desde las decisivas palancas que impone la interacción entre políticas públicas, gobierno y estructura social. El Estado entró en escena para proseguir, desde este punto de vista, con la confección de una nueva metáfora de la democracia; como socializador, como integrador, normatizador y legislador. Obviamente es otra la contundencia cuando el Estado es el que se convierte en el organizador material y discursivo de la realidad: al mismo tiempo que recompuso certidumbres económicas e identidades sociales, mediante un abanico amplio de medidas heterodoxas y originales, emprolijando incluso las pertenencias de clase, instaló nuevos principios de reconocimiento intersubjetivo, revolucionando valores, empujando otras imágenes: “nos podemos casar con los mismos derechos”, “el trabajo de ama de casa es un trabajo”, etc. El kirchnerismo es, entre otras cosas, también un aporte a ese mapa democrático.
5. Este es otro país que el del 2001; los signos de la calle y las propuestas de los poderes políticos lo son. Hace una década, Inés Pertiné de De la Rúa armaba un apaciguador pesebre gigante en la puerta de la Casa de Gobierno para contrarrestar la atmósfera social; hoy , allí, puertas adentro, hay un salón con la imagen del Che, de Zapata, de Tupac Amaru... En aquel sentido no superficial ni secundario para Marx –el de la producción de signos, representaciones colectivas y significados de lo que puede ser una sociedad–, el recorrido que va de aquellas prácticas de clase a los efectos que puede producir la socialización política estatal del kirchnerismo muestra una conexión interna de sentido histórico; quizá sean momentos de un mismo proceso, el de la democratización de la sociedad argentina. Cuando Marx anuncia que “todo lo sólido se desvanece en el aire y todo lo sagrado es profanado”, se refiere a cambios de larga duración, no a un hecho específico ni a un relámpago puntual de la historia. El derrumbe de aquel universo (simbólico) democrático que tuvimos del ’83 al 2001 también llevará su tiempo: aún hay elementos que sobreviven, hay palabras, ideas y comportamientos que se resisten a ser desplazados. Pero da la impresión de que, por las imágenes que nosotros mismos reflejamos, algunos pasos han sido dados. A la manera de un topo, laborioso y animado.
* Politólogo (UBA).
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HOMENAJE A LOS ASESINADOS POR LA REPRESION EL 20 DE DICIEMBRE DE 2001. Familiares y organizaciones sociales marcharon por el microcentro y dejaron flores y velas en las placas recordatorias
La placa que recuerda a Gustavo Benedetto, sobre Avenida de Mayo.
Imagen: Leandro Teysseire
HOMENAJE A LOS ASESINADOS POR LA REPRESION EL 20 DE DICIEMBRE DE 2001
En memoria de las víctimas
Familiares y organizaciones sociales marcharon por el microcentro y dejaron flores y velas en las placas recordatorias.
Como cada año, pero esta vez con más compañía, los familiares de las personas asesinadas en el microcentro porteño el 20 de diciembre de 2001 recorrieron ayer las placas recordatorias que hay en cada vereda donde cayeron y les rindieron homenaje con lágrimas y gritos de “¡Presente!” a Gustavo Benedetto, Diego Lamagna, Gastón Riva, Alberto Márquez y Carlos “Petete” Almirón. Con una bandera negra que en letras rojas decía “Este pueblo se merece la victoria”, marcharon por Avenida de Mayo hasta Chacabuco, luego Tacuarí, 9 de Julio; finalmente en esa avenida y Sarmiento culminaron su acto. En cada una de las baldosas quedaron las flores, las velas y las cintas de colores.
Estuvieron acompañados por los Motoqueros Trabajadores Argentinos, que habían realizado el sábado una caravana hasta Ramallo, donde están los restos de Gastón Riva, el motoquero asesinado aquel 20 de diciembre de hace una década. Esa fecha, a instancias de los trabajadores en moto, fue declarado por la Legislatura porteña como el Día del Mensajero. Ayer fue muy emotivo el homenaje que se produjo frente a la placa que recuerda el sitio donde cayó. Su mamá se permitió un insulto para el policía que le disparó, ante la mirada de su viuda, María Arena, y sus hijos.
Además de los motoqueros, que durante la represión tuvieron un rol protagónico, coordinando la rudimentaria resistencia de los manifestantes, adhirieron a este homenaje Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, H.I.J.O.S., Movimiento de Liberación Carlos Mugica, Movimiento Evita, La Cámpora, Corriente Peronista-JP Descamisados, Juventud Sindical, Kolina, Satsaid, Juventud Gráfica Bonaerense, Agrupación Juan José Valle, S.I.Me.Ca., Grupo de Arte Callejero (GAC), Corriente Política 17 de Agosto y NDM.
“Siento una mezcla rara de alegría y tristeza, pero acá estoy marchando con los compañeros y pidiendo justicia porque hay impunidad, mi causa está complicada, todavía ni hubo juicio”, dijo a Página/12 Tuly Portillo, herido de aquellos días que quedó en silla de ruedas. En el mismo sentido se pronunció Martín Galli, que también resultó herido el 20 de diciembre. “Falta justicia y por eso hay heridas que no cierran nunca, pero el país cambió para mejor desde aquellos días”, dijo. “¿Si cambié yo? Sí, creo que estoy más sentimental”, respondió.
Al llegar a la placa que recuerda a Alberto Márquez, desde el camioncito de sonido se escuchó: “Trabajaba muy cerca de acá, en una empresa de seguros, era militante peronista de San Martín y creía que las cosas se cambiaban desde adentro. El 20 de diciembre de 2001 recibió dos disparos de la policía, uno en el cuello y otro en el pecho”. Su esposa y su hija no concurrieron, prefirieron hacer su homenaje privado. “Fui más temprano a limpiar la placa”, dijo su hija Soledad a este diario. “Cada vez que se acerca la fecha uno sigue con su vida, pero los recuerdos vuelven, las imágenes de aquella situación, estamos más cerca del juicio y es remover de vuelta todo, como un duelo abierto que no podemos terminar”, agrega. “Cuando pase el juicio va a quedar en
la historia, en diez años mi hijo va a saber que en esa fecha falleció su abuelo, que era muy guerrero por su país, muy político, y murió peleando”, dice.
Por su parte, Marta Almirón expresó que aún espera “que algún día se juzgue desde a De la Rúa para abajo, después puedo morirme tranquila”. “Sería importante que los presidentes democráticos que tapizaron las calles con la sangre del pueblo comiencen a pagar por sus errores –declaró recientemente la mamá de Carlos Almirón–, porque si a menos de una semana de haber asumido tenía tres muertos y se fue con 39, lo de De la Rúa no es casualidad.”
martes 20 de diciembre de 2011
Estudiantes y docentes presentaron pedidos de juicio académico para dos profesores del Departamento de Derecho de la UNS, en Bahía Blanca, por su presunta complicidad con violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura
CUESTIONAN A DOCENTES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SUR
El juicio a dos profesores
Estudiantes y docentes presentaron pedidos de juicio académico para dos profesores del Departamento de Derecho de la UNS, en Bahía Blanca, por su presunta complicidad con violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura.
Por su presunta participación en delitos de lesa humanidad durante la dictadura, dos profesores de la Universidad Nacional del Sur podrían afrontar sendos juicios académicos. “Falta de ética en el ámbito universitario o profesional que se proyecte sobre aquél”, argumenta uno de los textos presentados ante el Departamento de Derecho de la UNS y que involucran a Néstor Luis Montezanti y Gloria Girotti. Presentados por docentes y estudiantes, los pedidos son de octubre y noviembre, y ambos casos se encuentran aún en comisión: todo indica que recién se tratarán en febrero próximo. Girotti fue secretaria del juzgado federal de Bahía Blanca durante la dictadura: interrogatorios a personas visiblemente torturadas y negligencia en el tratamiento de hábeas corpus, entre otros, son los delitos que se le adjudican. A Montezanti se le atribuye haber pertenecido al Personal Civil de Inteligencia del Ejército. Un tercer profesor de la UNS, Hugo Mario Sierra, supuestamente vinculado con los mismos delitos que Girotti, decidió renunciar a sus cargos en septiembre. Mientras, y desde junio, la UNS es sede del primer juicio por crímenes de la dictadura en Bahía Blanca bajo la órbita del Quinto Cuerpo de Ejército.
La abogada y profesora de Derecho en los Contratos Gloria Girotti es señalada como cómplice de secuestros y torturas durante la dictadura. Girotti se desempeñó desde 1975 hasta 1979 como secretaria del entonces juez federal de Bahía Blanca, Guillermo Federico Madueño. Según el fiscal federal Abel Córdoba, “el juzgado federal se sumó al plan represivo de la dictadura. Adel Vilas (segundo comandante del Quinto Cuerpo de Ejército) ha reconocido que a la noche se juntaba con Madueño para hablar de la ‘subversión’ y planificar. La actuación en todos los expedientes es conjunta”. En diálogo con Página/12, el fiscal Córdoba aseguró que Girotti –y Hugo Sierra, también ex secretario de Madueño– participaron de interrogatorios a detenidos con visibles marcas de tortura, hechos que no figuraban luego en los expedientes. También se les imputa ocultar hábeas corpus presentados en favor de personas privadas en forma ilegal de su libertad.
Néstor Luis Montezanti es docente de tres materias en la UNS: Ciencia Política, Derecho Administrativo I e Introducción al Derecho. De acuerdo con la “Nómina del Personal Civil de Inteligencia que revistó en el período 1976/1983”, foja 67, firmada por el general de Brigada César Gerardo Milani y desclasificada por el Estado en 2010, Montezanti fue personal civil de inteligencia al interior de la universidad. Es decir, figura como informante, como “asesor universitario” de la dictadura. Su caso también fue vinculado con la conformación de la Alianza Anticomunista Argentina bahiense, que la Justicia acreditó en 2007, aunque no pudo extraer de ello más que una “filiación ideológica”. Su pedido de juicio académico fue presentado a principios de octubre, y aún no hubo siquiera dictamen de la comisión que supuestamente lo analiza.
La secretaria académica del Departamento de Derecho, Pamela Toloza, le confirmó a este diario que los expedientes están en tratamiento en la Comisión de Interpretación y Reglamento. Toloza informó también que ambos docentes han hecho sus descargos y que aún queda resolver el dictamen de la comisión, para luego tratarlo en el plenario del consejo. Según explicó Toloza, ayer fue la última sesión ordinaria y, aunque queden aún reuniones extraordinarias, lo más probable es que los casos de Girotti y Montezanti sean postergados hasta febrero.
“Falta la decisión política. La corporación de abogados es muy fuerte”, dijo a este diario el profesor responsable del pedido de juicio académico a Montezanti, Dante Patrignani. Los estudiantes de la UNS consultados expresaron que, dentro de su claustro, la posición es favorable a que se inicie el juicio. “Es el único mecanismo que tiene la universidad para terminar de legitimar a los profesores en su cargo o para destituirlos”, dijo una consejera superior. Desde el centro de estudiantes de Humanidades, distinguieron: “Por un lado, la universidad pone el edificio para juzgar a los militares. Sin embargo, internamente la UNS sigue teniendo a docentes vinculados con la dictadura”.
Informe: Agustín Saavedra.
Los ecos de las rebeliones de 2001
DOS REFLEXIONES SOBRE LAS CAUSAS Y LAS CONSECUENCIAS DE LAS PROTESTAS DE HACE UNA DECADA
Los ecos de las rebeliones de 2001
Por Rubén Dri *
La multitud y los límites
El 19-20 de diciembre del 2001 los sectores aplastados y humillados por el capital financiero y especulativo salieron al espacio público, a las calles, a las plazas al grito de “¡Que se vayan todos, que no quede ni uno solo!”. Fueron días y días en los que una multitud, para alegría de Toni Negri, recorrió las calles de Buenos Aires, marchó a Plaza de Mayo, se reunió frente a la corrupta Corte Suprema de Justicia y se reunió en asambleas en las que se debatía todo. Era la finalización de un ciclo, el quiebre de un proyecto, mejor dicho de un plan, nada menos que del plan neoliberal aplicado a rajatabla en los ’90 por el menemismo y llevado a su terminación por la alianza que llevó a De la Rúa a la Presidencia. Esa gran pueblada rompía todos los límites. Ya no había más organización, estructuras, representaciones, cámaras legislativas, Poder Ejecutivo. Era como un río que se sale de madre, rompe los diques y las aguas se llevan todo por delante. ¿Había pasado antes algo parecido? Tanto el pueblo argentino como en general los pueblos siempre han protagonizado luchas, puebladas, pero la del 19-20 de diciembre fue de otro tipo, algo que hasta el momento no se conocía.
¿Dónde se encuentran la diferencia o las diferencias fundamentales con otras luchas como las protagonizadas en los ’60-’70, las de los trabajadores patagónicos o la “semana trágica”? Entre las numerosas diferencias menester es destacar una fundamental que hace a la pueblada que comentamos “única” y que ahora pasa a ser “primera” porque el fenómeno se está repitiendo en los márgenes del primer mundo. La diferencia fundamental se encuentra en el significado del ¡que se vayan todos!, porque lo que se planteaba era sólo la negación, sin la alternativa correspondiente. Hegel diría que se producía de esa manera la primera negación y si a continuación no se realizaba la segunda negación, el resultado era el infinito malo, es decir, la sucesión ininterrumpida de primeras negaciones que terminaría en la disolución. Es lo que en gran parte sucedió. Pero ¿qué significa la segunda negación? Para responder tal vez sea necesario, en primer lugar, clarificar el significado de la primera negación. Esta consiste en la destrucción o la ruptura de la realidad que es necesario cambiar. Estamos hablando de la realidad en sentido fuerte, la que corresponde a los sujetos en el entramado de sus relaciones económicas, sociales, políticas, culturales, religiosas. Esas relaciones son a veces tan desiguales que los que sufren la desigualdad no la soportan más, quieren destruirlas. Se produce entonces la negación de esas relaciones, la primera negación, destrucción de dichas relaciones. La destrucción o negación en un primer momento nunca es completa. Quedan más que resabios de la desigualdad o, en otros términos, de la opresión. Se suceden entonces negaciones o destrucciones en un proceso que termina por agotarse y, en consecuencia, se revierte la situación.
Para que ello no suceda se requiere la segunda negación o negación de la negación. Si la primera negación es destrucción, la segunda es destrucción de la destrucción, es decir, construcción. En otros términos, la segunda negación es el proyecto de la nueva realidad que debe sustituir a la que se ha destruido. El proyecto alternativo al neoliberal debía ser necesariamente un proyecto político, una nueva organización de todo el entramado social. Allí estaban las asambleas que, como hongos después de la lluvia, se esparcían por todo el perímetro de Buenos Aires y de muchas otras ciudades del país. Pero ¿qué es lo que predominaba en las asambleas? El rechazo visceral a los políticos que se llevaba puesta también a la misma política, lo cual era comprensible. Lamentablemente, ese rechazo no pudo ser superado en los casi dos años que duró la experiencia masiva asamblearia. A ello contribuyó la concepción de la “multitud” de Negri y la idea peregrina de la transformación del mundo sin poder de John Holloway.
Es un hecho que el espacio de asambleas autónomas que logró realizarse se desgranó como las cuentas de un rosario a las que se les rompió la cadena que las mantenía unidas. De esas asambleas sólo quedan algunas que no sólo duraron, sino que crecieron sobre todo en lo cualitativo. Se suele decir que el colapso asambleario se debió a la presión de los denominados partidos de izquierda que interpretaron el fenómeno como un espacio propio, es decir, un espacio para bajar sus consignas. Efectivamente, las asambleas en las que dichos partidos tuvieron participación importante pronto desaparecieron. En consecuencia, es cierto que ésa fue una de las causas que contribuyeron al colapso de las asambleas. Pero es una realidad que las asambleas que llegaron a construir el espacio de las asambleas autónomas no estaban bajo la presión de los partidos de izquierda. Es necesario buscar en otro lado la causa o las causas de su implosión, y es necesario buscarla en la misma concepción y en la práctica de las asambleas.
La lectura que hacían los actores de la pueblada sobre la destrucción que había provocado el neoliberalismo implicaba el rechazo a toda representación. Habíamos dejado la política en manos de los representantes, miembros de los partidos políticos. Ahora nadie nos va a representar más porque hemos sido traicionados. Esta concepción surgía espontáneamente y recibía la aprobación y fundamentación por uno de los intelectuales que aparece como el verdadero intérprete de lo que nos estaba pasando. Es Toni Negri, quien asegura que el verdadero protagonista ahora no es algo así como la clase o el pueblo, sino la multitud, ésa que se había levantado a la voz del ¡que se vayan todos!, llegaba a Plaza de Mayo en sucesivas oleadas, se reunía en la esquinas, las plazas y los parques. Esa multitud estaba formada por individualidades que no son representables.
Menester es tener en cuenta que la explosión de una pueblada siempre es un momento excepcional en el que se logra la conjunción-superación privilegiada del eros y el logos, el sentimiento y la razón. Son los momentos en los que se abre el horizonte y todo parece posible. Es la gran utopía que se hace presente. De ahí en más es esa utopía la que moverá al pueblo en sus movimientos. El peligro es confundir esa utopía con los proyectos concretos mediante los cuales serán posibles aproximaciones sucesivas. La utopía rompe todos los límites, pero sin límites es la nada. Darse límites es darse forma, es conformarse. Cada límite señala un más allá que invita a ser alcanzado. El sujeto, en este caso el pueblo, que ha roto todos los límites, si no se da a sí mismo los nuevos límites, éstos les serán impuestos desde fuera. Es lo que sucedió en todos los casos de los que se dice que la revolución fue traicionada. Todo sujeto, ya sea el sujeto individual que es cada uno, como el sujeto colectivo, sólo puede crearse como sujeto si sabe ponerse límites, ciencia que el infante aprende guiado por sus padres. Cuando los movimientos que irrumpieron haciendo tabla rasa con todos los límites no fueron capaces de ponerse nuevos límites, éstos llegaron desde fuera. Es así como la revuelta del Mayo Francés, que tanto prometió, terminó en los límites que le impuso el gaullismo.
El ¡que se vayan todos! del 2001 tampoco pudo en un primer momento comenzar el movimiento de ponerse los nuevos límites, es decir, darse una organización que pudiese implementar lo que estaba implícito en el slogan. Los límites vinieron de fuera. Los impuso el duhaldismo. A diferencia de lo que sucedió con el Mayo Francés, cuando los límites del gaullismo quedaron firmes, en nuestro caso, en el 2003 llega al gobierno un “desconocido” patagónico que, para sorpresa de la gran mayoría, comienza a dar las respuestas por las que tanto se había luchado desde abajo, desde los organismos de derechos humanos, movimientos sociales, asambleas. Se bosquejaba, de esa manera, la segunda negación, es decir, un proyecto de país que se encontraba implícito en el ¡que se vayan todos! Los límites parecían venir de fuera, pero en realidad ese “afuera” no era más que el que socráticamente hacía aparecer los límites implícitos en el ¡que se vayan todos!
La devastación que arrasó nuestra tierra latinoamericana hizo lo propio con la tierra europea, especialmente con los que podemos denominar países de segunda, muy semejantes a los del Tercer Mundo, como Grecia, Irlanda, España, aunque ésta e Italia se crean de un Primer Mundo opulento. El movimiento de los indignados amenaza con romper todos los límites, pero hasta el momento no logra hacerlo. Los límites sólo son dañados y, en consecuencia, pueden ser reparados. Es lo que está sucediendo.
A diez años de la gran pueblada del 2001 y de la explosión de las asambleas nos encontramos en una etapa de reconstrucción del país que el arrasador proyecto neoliberal había destruido. La experiencia de las asambleas no fue en vano. Lo mejor de dicha experiencia hoy se expresa en construcciones sociales de diverso tipo que conforman un entramado social de base que es fundamental para que el proyecto nacional sea realmente popular. El espacio abierto por la gran utopía expresada en las asambleas se ha ido llenando con proyectos concretos, con los límites que el mismo pueblo se ha ido dando. Los desafíos son muchos, las contradicciones no faltan, “estamos haciendo camino al andar”.
* Profesor consulto de la Facultad de Ciencias Sociales (UBA).
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Memoria Histórica
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