Robo en la secretaría de DD.HH. bonaerense

LA PLATA

Robo en la secretaría de DD.HH. bonaerense

Dos ladrones asaltaron la sede de la secretaría de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires y se llevaron alrededor de ocho mil pesos, teléfonos celulares, una cámara fotográfica y una computadora portátil.





El robo fue cometido en las últimas horas de ayer cuando dos ladrones, armados con pistolas, irrumpieron en el edificio de la calle 53 número 653 de La Plata, y en un rápido procedimiento redujeron al encargado y a dos empleados.

Un jefe policial contó que los ladrones, luego de maniatar a las víctimas con precintos plásticos, se apoderaron del dinero existente en el lugar y de varias pertenencias de valor de los tres hombres.

La policía de la zona instruyó actuaciones por "robo calificado, por el uso de armas, y privación ilegal de la libertad".



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La CIA confirma la muerte de siete agentes en un atentado suicida en Afganistán

Es uno de los ataques más graves sufridos por EE UU en ocho años de conflicto - Un portavoz talibán reivindica la autoría

ELPAÍS.com / AGENCIAS - Madrid / Washington - 31/12/2009


La CIA ha confirmado hoy que siete de sus agentes murieron y otros seis resultaron heridos en uno de los ataques más cruentos de los sufridos por EE UU en Afganistán durante ocho años de guerra e incluso de la historia de la agencia de espionaje norteamericana. Un terrorista suicida hizo estallar el miércoles la carga explosiva que llevaba en el interior de un recinto militar, empleado como puesto de vigilancia de la CIA.


En un comunicado, la agencia ha precisado que no difundirá los nombres de las víctimas ni detalles sobre el trabajo que desarrollaban, arguyendo la "sensibilidad de su misión y otras operaciones en marcha".

"Aquellos que perdieron la vida ayer estaban lejos de casa y cerca del enemigo, haciendo el trabajo duro que debe hacerse para proteger a nuestro país del terrorismo", ha dicho el director de la CIA, Leon Panetta. "Les debemos nuestra más profunda gratitud, y les prometemos a ellos y a sus familias que nunca dejaremos de combatir por la causa a la cual dedicaron sus vidas: un EE UU más seguro", ha agregado.

El atacante logró esquivar la seguridad del recinto y, ya en el interior, detonó un cinturón con explosivos hiriendo, además, a otras seis personas, varias de ellas de gravedad, y entre las que no se encuentra personal militar. Las primeras investigaciones apuntan a que la detonación se realizó en una sala utilizada como gimnasio por los huéspedes de la base.

Los talibanes reivindican el ataque

Este jueves, los talibanes se han atribuido la responsabilidad del atentado, asegurando que el atacante era un soldado del Ejército afgano que vestía su uniforme de las Fuerzas Armadas. "Este ataque mortal ha sido cometido por un miembro del Ejército afgano, cuando los funcionarios [estadounidenses] estaban ocupados en la obtención de información sobre los muyahidines", ha afirmado a Reuters el portavoz talibán Zabihullah Mujahid.

Un supuesto miembro de la red integrista Haqqani, que tiene vínculos con el movimiento de los talibanes, ha asegurado que ha sido un soldado del Ejército afgano el que perpetró el ataque suicida. "El soldado afgano había estado pidiendo una chaqueta suicida a los talibanes desde hacía tiempo. Finalmente, los talibanes se la dieron y llevó a cabo el ataque suicida dentro de la agencia de inteligencia de EE UU en el viejo aeropuerto de Khost", afirmó el supuesto portavoz de la organización, Salahuddin Ayubi, a la agencia afgana AIP.

"Esta es la pesadilla que hemos estado temiendo desde que entramos en Afganistán e Irak", ha afirmado John E. McLaughlin, ex responsable de inteligencia que ahora presta ayuda a los hijos de empleados la CIA muertos durante el desempeño de su trabajo. "Nuestra gente está a menudo fuera de la línea de frente, sin protección de la fuerza adecuada, y ponen sus vidas, literalmente, en peligro", ha lamentado.

El de ayer es el ataque más grave desde el registrado en 1983 contra la embajada norteamericana en Líbano, en el que murieron ocho funcionarios de la inteligencia en un sólo día. La CIA había reconocido hasta la fecha la muerte de cuatro de sus agentes en la guerra de Afganistán de los últimos ocho años. En su memorial de la sede central de Langley hay 90 estrellas que representan al total de caídos de la CIA en su historia.

Por otra parte un número indeterminado de civiles han muerto como consecuencia de un bombardeo aéreo en la provincia de Helmand, en el sur de Afganistán, según ha informado un portavoz del gobernador provincial. "Una patrulla de las tropas extranjeras sufrió una emboscada de los talibanes hacia las tres de la tarde, tras lo cual vinieron los aviones, bombardearon la zona y causaron víctimas civiles", ha explicado.


Cinco canadienses muertos en un atentado en Kandahar
Cuatro soldados canadienses y una periodista de la misma nacionalidad han fallecido en Kandahar, al sur del país, al ser alcanzado su vehículo blindado por una bomba.

La periodista fallecida era Michelle Lang, de 34 años de edad, quien trabajaba como reportera para el diario Calgary Herald. Lang gozaba de prestigio profesional en Canadá, especialmente desde que en 2008 fuese galardonada con el Premio Nacional de Prensa del país al reportaje más impactante del año.

El atentado, en el que también resultaron heridos otros cuatro soldados y un funcionario canadienses, ha ocurrido a unos cuatro kilómetros a las afueras de la ciudad de Kandahar, según ha asegurado el Ministerio de Defensa de Canadá mediante un comunicado difundido en su página web.

AGENCIAS

Insurgentes afganos secuestran a dos periodistas franceses
Un grupo de insurgentes ha secuestrado a dos periodistas franceses junto a su chófer y su intérprete en una zona del noreste de Afganistán. Un portavoz policial de la provincia de Kapisa -a unos 120 kilómetros de Kabul- ha contado a la agencia Reuters que el grupo se dirigía en coche por esa zona cuando fue interceptado por los insurgentes.

Según la prensa francesa, los periodistas trabajan para el canal de televisión France 3. De momento, el Ministerio de Exteriores francés no ha realizado comentarios.

REUTERS


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Strassera: "En mi alegato en el juicio ya hablé del fracaso e inutilidad de pasar a una amnistía"

El ex fiscal Julio Strassera salió a replicar la propuesta del dirigente macrista Diego Guelar a favor de una amnistía para ex represores de la última dictadura y advirtió que una medida de esa naturaleza "no sirve" para delitos de lesa humanidad y "favorecería la impunidad".




"En mi alegato en el juicio ya hablé del fracaso e inutilidad de pasar a una amnistía", recordó Strassera, quien se desempeñó como fiscal en la causa contra la Junta Militar, en 1985, durante el gobierno de Raúl Alfonsín.

En declaraciones a radio 10, el ex integrante del Ministerio Público cuestionó la iniciativa de Guelar, secretario de Relaciones Internacionales del PRO, en el sentido de convocar a una "consulta popular" para discutir una "amplia amnistía" a favor de los ex represores de la dictadura.

"No creo que sirva una amnistía para ese tipo de delitos porque eso es favorecer la impunidad y la impunidad no puede favorecerse de ninguna manera", subrayó Strassera.

El ex fiscal se manifestó convencido de que, en todo caso, "aunque se hiciera un plebiscito, lo pierden. Esta es la posición de la mayoría del pueblo argentino: no quiere saber nada con amnistía para hechos de esa gravedad", concluyó.



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Guelar ratificó su pedido de olvido y perdón

EL FUNCIONARIO MACRISTA PROPUSO UNA AMNISTIA PARA REPRESORES

Guelar ratificó su pedido de olvido y perdón

El secretario de relaciones internacionales del PRO, Diego Guelar, reafirmó su propuesta de dictar una "amplia amnistía" a favor de los represores de la dictadura militar. Guelar sostuvo que la ciudadanía "en algún momento va a tener que dar vuelta la página".




"Estoy convencido de que una vez que se expida la Justicia, haya sentencia y se produzca el debate, va a haber que o dictar una amplia amnistía o una consulta popular para transformar el drama en historia", enfatizó el integrante de la fuerza macrista.

En diálogo con radio 10, el ex embajador en Estados Unidos durante el menemismo juzgó "viable" esa iniciativa al razonar que la "Argentina está madurando" y aclaró que su idea no significa que queden en el "olvido" los años '70.

"Los grandes episodios de la historia, por felices o por trágicos, se incorporan al acervo permanente, como la Guerra Civil Española, en torno de la cual todavía hoy se siguen excavando tumbas. Yo estoy en contra de cualquier forma de olvido", subrayó.

En un documento político difundido ayer, Guelar impulsó la idea de avanzar en una "una amplia amnistía para saldar el pasado trágico" de la Argentina, "después de que la justicia termine los juzgamientos en curso".

Esta mañana, Guelar consideró "lógico" que "ese nivel de drama que vivió la Argentina sea juzgado, condenado y conocido en toda su dimensión", pero señaló que, después de ello, en torno a ese "gran drama que nos pasó a los argentinos, en algún momento vamos a tener que dar vuelta la página".

Al ratificar su postura a favor de una amnistía a los acusados de crímenes de lesa humanidad, recordó que en los próximos dos años "se van a llevar adelante las megacausas" por esos delitos.

"Estas megacausas, que están en su proceso de apertura, dispararán un debate muy importante, que afecta la sensibilidad de mucha gente" y es una "realidad que todos vamos a enfrentar", señaló Guelar, quien evocó que él, personalmente, en el pasado participó de la "resistencia de gobiernos militares" y estuvo "clandestino" durante la última dictadura.



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El debate de la izquierda en América Latina

Tuesday, 22 de December de 2009 - Tribuna Popular
Dirigentes del la Izquierda Latinoaméricana
El debate de la izquierda en América Latina


Por: Schafik Jorge Handal (*)




América Latina y el Caribe son hoy el escenario de un intenso y frecuentemente acalorado debate sobre las estrategias que la izquierda debe adoptar para alcanzar el poder. En otro momento, en la época de las dictaduras militares latinoamericanas y caribeñas, que abarcó casi todo el siglo XX, el debate principal en el seno de la izquierda revolucionaria fue alrededor de: vía armada o vía pacífica electoral.
El gobierno de Estados Unidos simplemente no estaba dispuesto a aceptar el ascenso de la izquierda a los gobiernos por vía electoral. El Chile democrático, con ejército "profesional y obediente de la autoridad civil", fue enterrado por el golpe militar encabezado por Pinochet, el asesinato del Presidente Salvador Allende y la matanza generalizada que sobrevino al 11 de Septiembre de 1973. Después, los militares aplastaron la democracia uruguaya, la "Suiza de América"; los militares argentinos instauraron una de las más cruentas dictaduras sufridas en ese país. En Brasil, los militares volvieron aún más asfixiante el régimen que habían instaurado a inicios de la década de los sesentas.
El derrumbe del socialismo soviético, la entrada en el mundo unipolar y en el capitalismo neoliberal volvieron innecesarias para los Estados Unidos las dictaduras militares, ya desgastadas por las luchas políticas y armadas de nuestros pueblos y riesgosas para la estabilidad de la dominación imperial, como lo habían demostrado en su momento la Revolución Cubana y la Revolución Sandinista.
Washington hizo entonces un giro de su estrategia en América Latina y el Caribe, hacia la promoción de gobiernos civiles surgidos de elecciones "democráticas" . No buscaba favorecer el ascenso revolucionario a los gobiernos, sino sustituir una forma de dominación que se había vuelto riesgosa por otra más segura, para el implantamiento del capitalismo neo-liberal, su globalización y su hegemonía militar.
Este giro inauguró arrebatándole el poder a la Revolución Sandinista por vía electoral y favoreciendo la solución política negociada del conflicto armado salvadoreño, después de la gran ofensiva militar del FMLN en noviembre y diciembre del año 1989. Chile, Uruguay, Brasil, Perú, Bolivia, Argentina, fueron también escenarios de la resistencia popular, incluso armada, contra las dictaduras militares que desembocaron en salidas electorales.
El debate en la izquierda sobre vía armada ó vía pacífica electoral entro en receso. ¿Volverá a surgir en el futuro? En verdad no puede descartarse.
Los procesos electorales se convirtieron en una prioridad para la izquierda en nuestro sub-continente, casi impuesta por la desaparición de la bipolaridad geopolítica, en cuyo marco triunfaron tantas revoluciones y muchas pudieron consolidarse. En América Latina la Revolución Cubana es el ejemplo primero y clásico. En el marco de la bipolaridad se liberaron también del colonialismo muchos pueblos en Asia y África.
El debate en la izquierda Latinoamérica y Caribeña se desplazó a la búsqueda de respuestas a interrogantes como las siguientes:
¿Podrían realmente los procesos electorales, en el marco de la uní polaridad, constituirse en una vía para el acceso a los gobiernos de las fuerzas revolucionarias?
Más aún... ¿Podrían las elecciones llegar a ser una vía para la conquista del poder y no solo de los gobiernos?
¿Las victorias electorales de la izquierda podrían excluir la posibilidad de ser revertidas por los tradicionales cuartelazos de jefes militares sumisos al imperio y a las oligarquías? Y muchas otras más por el estilo.
Surgieron las respuestas contradictorias o matizadas.
En Colombia, por ejemplo, continúo y creció la lucha armada, combinándose en ocasiones con alianzas y luchas electorales. En Perú surgió y se desenvolvió por varios años la lucha armada.
Por su parte, una pequeña minoría de la izquierda Latinoamericana y caribeña se mantuvo al margen de la participación electoral y continuó rechazándola como vía para el ascenso revolucionario al poder, sin practicar tampoco otras vías.
La parte mayoritaria se incorporó a los procesos electorales a partir de estrategias diferenciadas y divergentes:
Para algunos de estos últimos, las elecciones pueden ser vía de la izquierda hacia el poder si esta se "modera", se "moderniza", si es "realista" y se convierte en un proyecto "viable", tolerable para el imperio, para el gran capital oligárquico y para los militares reaccionarios y si además es capaz de entusiasmar a las mayorías ciudadanas para cosechar sus votos. A menudo, un componente de esta receta es el anticomunismo y la toma de distancia de la Revolución Cubana y ahora, aunque más tímidamente, respecto al proceso revolucionario ! bolivariano en Venezuela. Se plantean así mismo la no ruptura con el modelo del capitalismo neoliberal y su Fondo Monetario Internacional, o hablan de postergarla o gradualizarla.
En ciertos casos estas recetas incluyen la postulación al cargo presidencial de personajes "potables" cooptados de fuera de la izquierda. Un caso extremo de esta formula fue el del FREPASO argentino, que obtuvo una clara victoria electoral, pero instaló un gobierno, encabezado por Fernando de la Rua, que profundizó el modelo neo-liberal heredado de Menem, lanzó a la miseria a una vasta proporción de la sociedad y fue derrocado por las más grandes e intensas movilizaciones populares. Esta parte de la izquierda suele también distanciarse de las luchas ! sociales de los sectores golpeados por el modelo neoliberal y que buscan salidas alternativas a las crisis que los abaten. Los argumentos que frecuentemente se escuchan, para justificar ese distanciamiento, es que la movilización social y popular perjudica las posibilidades electorales, pues se asusta a los votos moderados.
Mientras tanto, otra parte de la izquierda se ha planteado ascender a los gobiernos por vía electoral para cambiar el sistema del capitalismo neoliberal y consumar verdaderas revoluciones democráticas, ganando para ello el entusiasmo, la participación, la acción organizada y decidida de la mayoría del pueblo, concertando amplias, multiclasistas y multisectoriales, alianzas anti-neoliberales, nacional e internacionalmente, disputándole la influencia sobre los militares al imperio y la oligarquía financiero-mediá tica. Es una estrategia que se articula en torno a la realización de un programa claro y consistente de cambios estructurales, en lo económico, social y político.
Este es el caso de la Revolución Bolivariana liderada por Hugo Chávez Frías, que ha surgido y avanzado a través de reiterados procesos electorales y grandes enfrentamientos victoriosos con la contrarrevolució n apoyada por las transnacionales y el gobierno de Estados Unidos.
Para esta parte de la izquierda los procesos electorales son una gran oportunidad para la comunicación de las propuestas revolucionarias a la gente y un gran escenario para la lucha de ideas contra el capitalismo neo-liberal y por una sociedad justa. Son, a la vez, un gran instrumento movilizador y organizador del pueblo, consolidador de las alianzas anti-neoliberales, fuente de acumulación de fuerzas y de construcción del poder popular, enrumbados hacia el cambio de la correlación y hacia la revolución.
Ese es el gran debate que está planteado hoy en el seno de la izquierda. El FMLN en El Salvador no es la excepción. Al igual que en otras experiencias latinoamericanas la derecha y sus medios no disimulan sus simpatías. En el fondo, como lo han señalado algunos de sus ideólogos más connotados, comparten el propósito de debilitar y hasta destruir el proyecto revolucionario, que ha probado ser una real amenaza para su modelo de dominación.




(*) 1930 ­ 2006. Dirigente del Partido Comunista (PCS) y el Farabundo Marti para la Liberación Nacional (FMLN) del Salvador
Escrito: No consta, pero antes de agosto de 2004.
Primera vez publicado: No consta.
Fuente/Edició n digital: Publicado el 5 de agosto de 2004 por Rebelión.
Transcripción/ HTML para el MIA: Reynaldo Valle y Juan R. Fajardo, julio de 2006.
Derechos: www.rebelion.org

Se permite la reproducción íntegra del texto bajo la licencia Reconocimiento- SinObraDerivada 2.1 España de Creative Commons.
Edición por Tribuna Popular




Precision de NS: Este texto es del 27 de Julio de 2004

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MUY BUEN 2010, DESDE MEMORIAS EN COMÚN SEGUIREMOS COMO SIEMPRE

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Las FF.AA. se oponen a un Nunca Más en Brasil

LA CUPULA MILITAR Y EL MINISTRO DE DEFENSA ENCABEZAN LA PEOR CRISIS MILITAR DEL GOBIERNO DE LULA

Las FF.AA. se oponen a un Nunca Más en Brasil

Treinta años después de sancionada la Ley de Amnistía, los mandos castrenses advirtieron al presidente Lula da Silva que no consentirán ninguna investigación sobre las violaciones a los derechos humanos.



Por Darío Pignotti

Desde Brasilia

En Brasil la impunidad “nao tem fim”. La cúpula de las fuerzas armadas y el ministro de Defensa, Nelson Jobim, encabezaron la peor crisis militar en siete años del gobierno del presidente Luiz Inácio Lula da Silva al amenazar dejar sus cargos si fuera creada una Comisión de la Verdad sobre violaciones de los derechos humanos durante la dictadura (1964-1985).

Lula acusó recibo de la estocada y ayer se reunió de urgencia con su ministro de Justicia, Tarso Genro, uno de los mentores de la Comisión de la Verdad junto al secretario de Derechos Humanos, Paulo Vanucchi.

Al dejar la sede del gobierno, Genro buscó bajarle voltaje a la crisis y aplazó cualquier decisión sobre el tema para la segunda semana de enero, cuando Lula regrese de vacaciones.

“No hay ningún tipo de alarma o preocupación, éste es un debate normal que venía ocurriendo dentro del gobierno y sobre el que el presidente dará la palabra final”, tranquilizó el ministro.

Treinta años después de la Ley de Amnistía, sancionada por el dictador Joao Baptista Figueiredo, los mandos castrenses advirtieron al presidente constitucional que no consentirán ninguna investigación sobre cientos de desapariciones y miles de detenciones ilegales perpetradas durante uno de los regímenes de facto más longevos de América latina.

El general Enzo Martins Pieri, comandante del ejército, y el brigadier Juniti Saito, y el ministro de Defensa, Nelson Jobim, pusieron sus cargos a disposición de Lula luego del lanzamiento del III Programa Nacional de Derechos Humanos. El hecho ocurrió reservadamente hace una semana, pero ayer saltó a los titulares de los principales diarios.

La ira castrense fue encendida por una propuesta comparable a la diseñada en Africa del Sur tras el final del apartheid y sobre la cual Lula conversó hace un mes con la alta comisionada de DD.HH. de la ONU, la jurista sudafricana Navanethem Pillay.

El proyecto presentado por Lula y ahora sometido a revisión propone constituir una comisión para “requisar documentos públicos, reconstruir la historia de los casos de violación de derechos humanos, localizar e identificar cuerpos, esclarecer torturas, muertes y desapariciones”. Ni una mención al eventual procesamiento o punición de los responsables de tales delitos.

“Es un proyecto muy moderado que el gobierno sólo iba a girar al Congreso en abril y sin ninguna garantía de que se apruebe antes de que Lula termine su gobierno en diciembre de 2010”, señala Jair Krischke, del Movimiento Justicia y Derechos Humanos.

La intrigas militares son moneda relativamente corriente en este país: en 1999 hubo descontento con el ex presidente Fernando Henrique Cardoso por la creación del Ministerio de Defensa y la eliminación de las carteras de ejército, marina y aeronáutica. En 2004 cayó el ministro de Defensa José Viegas luego de que el ejército justificara la represión durante la dictadura. Hace dos años, el ex preso político Waldir Pires, nunca aceptado por los militares que recelaban de su pasado, renunció al Ministerio de Defensa tras una tragedia aérea y presiones de la aeronáutica (ver recuadro).

Comparada con las anteriores, esta crisis parece ser más seria, pues aquí no prevalecen reivindicaciones corporativas como presupuesto o tensiones coyunturales.

Ahora los uniformados objetan una decisión avalada por el primer presidente civil que propone correr el velo sobre el terrorismo de Estado. Y en esa ofensiva los militares hacen causa común con el ministro del área, quien debiera ser un servidor incondicional del mandatario.

“No estamos frente a una crisis institucional, o en un clima de golpe, claro que no”, plantea Jair Krischke, que ve en la presión castrense un “mensaje grave y retardatario”.

Y explica cómo ve el accionar de los mandos castrenses. “Con esta actitud los militares le están diciendo a la sociedad que aún reivindican el golpe de Estado de 1964, están mostrando para esta clase militar que el elogio de la dictadura es una religión.”

“Esta casta militar está condenando a Brasil a ser el país más atrasado de América latina en materia de esclarecimiento sobre el terrorismo de Estado y aplicación de la ley contra quienes la violaron. Argentina encarceló a Videla y tantos otros, Uruguay al dictador Goyo Alvarez, Chile a Manuel Contreras, en Brasil ni un cabo del ejército fue citado a declarar”, comparó el dirigente de los derechos humanos.



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LA CORTE FIRMO UNA RESOLUCION PARA QUE SE FILMARAN TODOS LOS JUICIOS POR CRIMENES DE LA DICTADURA

Ya no habrá represores sin cámaras

La Corte Suprema firmó un acuerdo con el Incaa para que filmen y difundan los juicios por crímenes de lesa humanidad. Con esto terminan las controversias generadas por los tribunales que no permitían el ingreso de cámaras.




Todos los juicios por crímenes de lesa humanidad cometidos por la última dictadura serán filmados y difundidos, según una resolución de la Corte Suprema de Justicia, que para tal fin firmó el martes un acuerdo con el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (Incaa). Según informó el máximo tribunal a través de un comunicado, la resolución alcanza a las audiencias orales que se lleven a cabo en todo el país, y la filmación estará a cargo de la Escuela Nacional de Experimentación y Realización Cinematográfica (Enerc).

El convenio marco de colaboración que suscribieron el presidente de la Corte, Ricardo Lorenze-tti, y la titular del Incaa, Liliana Mazure, establece que la Enerc “aportará la capacidad técnica de sus egresados y equipo de producción, de acuerdo con los requerimientos que formule la Corte”. “Fue una propuesta de la Corte para que los egresados de la Enerc comiencen a hacer lo que hasta ahora realizaba la Policía Federal –le explicó Mazure a Página/12–, por ahora es un acuerdo de cobertura, y el material crudo pertenece a cada uno de los tribunales. A partir de ahora, iremos elaborando en conjunto cómo seguir.” Sobre la posibilidad de realizar algo con el metraje obtenido en estas filmaciones, la funcionaria aseguró que “todavía no se habló formalmente, pero es una inquietud que empieza a aparecer”, aunque “falta tiempo para que lleguemos a alguna decisión, porque hasta que los juicios no hayan terminado y no se haya dictado sentencia el material no puede salir de los tribunales”.

De esta manera queda zanjada la diversidad de criterios que permitió que algunos tribunales prohibieran el ingreso de fotógrafos y cámaras de televisión a la sala. A fines de octubre, Lorenzetti había recibido una nota firmada por once organizaciones de la sociedad civil que alertaban que las normas que limitaban la difusión de los juicios “resultan violatorias del principio de publicidad y del derecho a la libertad de expresión de la ciudadanía”. Aunque se dieron casos de estas características en varios puntos del país, el más resonante fue el del Tribunal Oral N0 5 de la ciudad de Buenos Aires, que llegó a dictar seis sentencias sin periodistas presentes y que, además, es el encargado de juzgar a los represores de la ESMA, en el que probablemente sea el más importante, en cuanto a magnitud y valor simbólico, de todos los que se están llevando a cabo.

En 1985, cuando se llevó adelante el Juicio a las Juntas, todas las audiencias fueron registradas; sin embargo, en aquella ocasión el material difundido se limitó a tres minutos de imagen sin audio por día, por una decisión que tomó en ese entonces la Cámara Federal. Las 90 sesiones del proceso que condenó a los principales responsables del aparato represivo durante la dictadura fueron filmadas por las cámaras de ATC e iban a ser emitidas en capítulos luego del final del juicio. Tras el levantamiento carapintada de Semana Santa de 1987, se decidió no difundir ese material, y los jueces que juzgaron a Jorge Rafael Videla, Emilio Ma-ssera y a otros siete jerarcas militares viajaron a Suecia para poner a resguardo en la Bóveda del Parlamento, en Oslo, los 147 videos que documentaban ese juicio histórico. Recién en 1998 pudieron verse por primera vez en un canal de aire las imágenes de algunas audiencias, con el audio correspondiente.

Informe: Nicolás Lantos.



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Un día para recordar a Angelelli en las escuelas

CADA 4 DE AGOSTO SE HARAN ACTIVIDADES EN SU CONMEMORACION

Un día para recordar a Angelelli en las escuelas



Su frase más recordada resume su obra. “Un oído en el Evangelio y otro en el pueblo”, decía el obispo Angelelli, y desde ahora su compromiso en vida es una lección que recibirán alumnos de todo el país. Enrique Angelelli, el ex obispo de La Rioja muerto a manos de la última dictadura militar en 1976, será recordado en las escuelas cada 4 de agosto, en conmemoración de su asesinato. Así lo dispone un decreto publicado ayer en el Boletín Oficial mediante el cual se encomienda al Ministerio de Educación que “arbitre las medidas necesarias para la realización de actividades alusivas” a su figura en todos los niveles.

La ley 26.582 sancionada por el Congreso a principios de mes declaró el 4 de agosto Día de la Conmemoración de la Obra realizada por monseñor Enrique Angelelli. Lleva la firma de Cristina Fernández de Kirchner, Aníbal Fernández y el ministro de Educación, Alberto Sileoni.

Angelelli nació en Córdoba en 1923 y se crió en una familia de inmigrantes italianos. Con 15 años ingresó al seminario como asesor de la Juventud Obrera Católica y a los 26 ya había sido ordenado sacerdote en Roma. Estudió en la Universidad Gregoriana y fue elegido obispo auxiliar de Córdoba por el papa Juan XXIII. Participó con entusiasmo del Concilio Vaticano II, que renovó el perfil de la Iglesia Católica. En 1968 Pablo VI lo nombró obispo de La Rioja y afianzó su opción por los pobres. Tomó posesión de la diócesis el 24 de agosto con el lema “Justicia y Paz”, hablando de la Iglesia que quería: “No vengo a ser servido, quiero ser servidor, como Jesús, de nuestros hermanos los pobres”.

“El Pelado”, como se lo conoció cariñosamente, recorrió la diócesis de punta a punta. Apoyó a las cooperativas de campesinos y alentó la organización de peones. “Existen los que no tienen voz, los marginados y otros que explotan a los demás”, explicó en su programa dominical de radio, prohibido en diciembre de 1971 por la dictadura de Lanusse.

En años siguientes continuó su lucha denunciando a familias involucradas con la prostitución, el narcotráfico y la usura, que le valieron ataques por parte de terratenientes y grupos conservadores.

Las embestidas contra su misión se intensificaron. A principios de 1976 les escribió a las autoridades eclesiásticas argentinas: “No dejemos que generales del Ejército usurpen la misión de velar por la fe católica”.

El 4 de agosto de aquel año, Angelelli regresaba a la capital riojana junto al padre Arturo Pinto luego de asistir en Chamical al sepelio de dos sacerdotes asesinados por grupos de tareas, cuando su camioneta fue cruzada por un Peugeot 504 que los hizo volcar. El cuerpo del obispo fue encontrado en la ruta con los brazos abiertos en cruz, con la nuca destrozada. La dictadura militar afirmó que se trató de un accidente.

Con el regreso a la democracia la causa fue reabierta y en 1986 el juez Aldo Morales emitió un fallo sobre su muerte en la que determinó que “no obedeció a un accidente de tránsito, sino a un homicidio fríamente premeditado”. La investigación continúa hoy a cargo del juez federal Daniel Herrera Piedrabuena.

En agosto de 2006, a treinta años de su asesinato, el ex presidente Néstor Kirchner firmó un decreto declarando el 4 de agosto día nacional de duelo, dando un discurso en la Casa Rosada “conmemorando a los religiosos que fueron víctimas del terrorismo de Estado”.



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El juez prohíbe una marcha y un homenaje a presos de ETA

EL PAÍS - Madrid - 31/12/2009


La Audiencia Nacional ha prohibido la marcha convocada para el sábado en Bilbao por la asociación de familiares de presos de ETA Etxerat. La asociación Dignidad y Justicia solicitó la prohibición de la marcha, al considerar que estaba apoyada por organizaciones ilegales como Askatasuna, y recordó que el acto es similar a uno celebrado en enero de este año en el que se exhibieron fotos de miembros históricos de ETA como Iker Casanova o Garikoitz Aspiazu, Txeroki.

El lema de la manifestación era Presos vascos a Euskal Herria. Dueños de sus derechos y se convocaba tras un año que los portavoces de Etxerat califican de "difícil", con "ataques constantes" como "la desaparición de las ayudas" que recibían del Gobierno vasco.

El juez Ismael Moreno también ha prohibido un homenaje previsto para hoy en Ortuella (Vizcaya) al miembro de ETA Patxi Gómez. El magistrado considera que tiene como objetivo "la contribución a la actividad terrorista y el enaltecimiento de los miembros de sus organizaciones dedicadas a dicha actividad". Moreno ordenó a la Ertzaintza, la Guardia Civil y la policía que "adopten cuantas medidas sean necesarias para impedir" el acto.


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La presión de los jefes militares obliga a Lula a modificar la ley de la Comisión de la Verdad

El ministro de Defensa y los máximos jefes militares presentaron su dimisión, que fue rechazada por el mandatario brasileño

JUAN ARIAS - Río de Janeiro - 30/12/2009



El ministro de Defensa de Brasil, Nelson Jobim, y los máximos comandantes de las Fuerzas Armadas presentaron la semana pasada su renuncia al presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, por su desacuerdo con el decreto que crea una Comisión de la Verdad para investigar los crímenes ocurridos durante la dictadura militar (1964-1985). El proyecto forma parte del Programa Nacional de Derechos Humanos anunciado por Lula la semana pasada. El presidente se negó a aceptar las renuncias y se comprometió a revisar esa ley que, aseguró, no conocía por completo.


La peor crisis político-militar suscitada en el Gobierno de Lula se había mantenido en secreto hasta ahora, cuando saltó a la prensa. El origen está en el malestar suscitado por lo que los militares consideran una redacción "revanchista y provocadora" del decreto, que crea una comisión de investigación con plenos poderes y abre la puerta a la revisión de la ley de amnistía de 1979, que posibilitó el regreso de la democracia y favoreció tanto a militares acusados de violaciones de derechos humanos como a miembros de grupos armados que combatieron el régimen militar.

A juicio del sector castrense, el texto es injusto y trata con desigualdad a las dos partes del conflicto, ya que no prevé ni investigación ni castigo por los actos violentos cometidos por guerrilleros y activistas políticos contra agentes del Estado. Este último punto es doblemente delicado porque algunos de aquellos guerrilleros están hoy en el núcleo del poder, como Dilma Rousseff, la candidata de Lula para disputar el año próximo las elecciones presidenciales, y el ministro de Comunicación, Franklin Martin. En el mismo sentido se pronunciaba Raul Jungmann, presidente de la comisión de Defensa del Parlamento. "Existe un acuerdo [entre el poder civil y los militares] que estipula que si la ley de amnistía se revisara, sería para investigar crímenes cometidos por ambos bandos. Pero el proyecto del Gobierno apunta sólo a los militares".

Ante las renuncias de los jefes del Ejército, Enzo Peri; de la Fuerza Aérea, Juniti Saito, y de la Marina, Júlio Moura, además del propio ministro de Defensa, Lula se comprometió a aplazar el envío del proyecto al Congreso y a revisar los puntos criticados.


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Cromañón, parte dos

HOY SE CUMPLEN CINCO AñOS DE LA TRAGEDIA

Cromañón, parte dos

Este año, Casación se pronunciará sobre las apelaciones a las condenas absoluciones. Pero además comienza el juicio contra Juan Carlos López y Rafael Levy, el dueño del local.



Por Raúl Kollmann

2010 será el año en que la Cámara de Casación confirmará o revocará el fallo de condenas y absoluciones del caso Cromañón, la tragedia de la que hoy se cumplen cinco años. En la Sala II, que actuó hasta ahora en ese expediente, se jubiló Guillermo Tragant, pero el tribunal sigue integrado por Eduardo Righi y Angela Ledesma. El antecedente de la Sala II es que confirmó un duro fallo anterior del mismo Tribunal Oral que actúa en el caso Cromañón: las condenas a cuatro años de prisión de dos oficiales del cuerpo de Bomberos de la Policía Federal a los que consideró involucrados en maniobras con los certificados de habilitación. En esta oportunidad, la Sala II debe pronunciarse sobre penas mucho más altas, como las que correspondieron a Omar Chabán, Diego Argañaraz y el subcomisario Carlos Díaz. Además, cambia la composición del Tribunal porque Tragant ya se fue y también Righi pidió la jubilación. En cualquier caso, ninguno de los imputados irá todavía a prisión. Recién cuando la Corte se pronuncie –como ocurrió con uno de los bomberos– deberán cumplirse las condenas. Es muy probable que en 2010 haya un segundo juicio por el caso Cromañón contra funcionarios públicos –el más notorio es el ex secretario de Seguridad Juan Carlos López– y contra el dueño del local, Rafael Levy.

El Tribunal Oral Nº 24 –integrado por Marcelo Alvero, María Cecilia Maiza y Raúl Llanos– condenó a Omar Chabán a 20 años de prisión, a Diego Argañaraz, manager del grupo Callejeros, a 18 años, y al subcomisario Carlos Díaz también a 18 años como responsables del delito de incendio doloso, que provocó la muerte de 194 personas. Hubo condenas más bajas para los funcionarios públicos –dos años en suspenso– y resultaron absueltos los músicos de Callejeros.

Todo indica que la Casación se pronunciará en la segunda mitad del año. Se trata de un caso muy complejo y a ello se sumará que, casi seguro, tendrán que votar dos nuevos jueces, que no tuvieron acceso a todo lo ocurrido.

Querellantes y defensores no pueden hacer, por ahora, otra cosa que especular sobre los resultados de las apelaciones. Por las características que tiene la Sala II, no faltan quienes creen que ese tribunal podría rever el sobreseimiento de Pato Fontanet, el líder de Callejeros, porque consideran que tuvo el mismo grado de participación en la organización que Diego Argañaraz, el manager. Otros piensan que, efectivamente, tal vez haya condena para Fontanet pero que las penas serían más bajas para ambos. Debe tenerse en cuenta que la Sala II fue siguiendo todo el proceso del caso desde el principio y emitió fallos en varias ocasiones, por lo que no parece que vaya a alterar demasiado lo resuelto en el juicio oral.

La palabra final la tendrá la Corte Suprema de Justicia. El máximo tribunal es muy posible que realice un encuadre general del caso y trate un punto doctrinario central: la comisión de un delito por omisión. En el caso Cromañón, por ejemplo, Callejeros no hizo nada decisivo para provocar la muerte de las víctimas, pero omitió tomar las medidas para prevenir lo que sucedió. Para los jueces del Tribunal Oral, Diego Argañaraz mereció una condena tan alta porque era el responsable, el garante de que nada sucediera. Y por eso no hubo condena para el resto de los músicos. Hay juristas que consideran que la comisión por omisión es inconstitucional. De manera que ese tipo de planteos se dirimirán, en última instancia, en la Corte.

En el caso paralelo de los bomberos, el juicio fue en 2007 y la Corte se pronunció hace pocos meses. Se trató de un expediente mucho más sencillo. Es posible que para resolver definitivamente sobre Chabán, Callejeros y los policías, la Corte tarde varios años. Hasta ese momento, nadie deberá ir a prisión porque el fallo no estará firme.

Todo indica que en 2010 habrá un juicio Cromañón II. En primer lugar contra Juan Carlos López, ex secretario de Seguridad de la ciudad de Buenos Aires, el máximo funcionario imputado por homicidio culposo, lo que significa que le endilgan responsabilidad en las muertes. En forma paralela, también sería juzgado Rafael Levy, dueño del edificio donde funcionaba Cromañón. A Levy se lo acusa de ser co-organizador del recital, por tener un acuerdo con Chabán y también se le adjudica la responsabilidad –por estar supuestamente establecido en la habilitación– de que debía permanecer abierta la inmensa puerta de emergencia que hubiera permitido la evacuación de casi todo el público. Como se sabe, esa puerta estaba cerrada con candado, tenía un cartel luminoso que indicaba la “salida” y allí se apiñaron numerosas personas que murieron tratando de salir. También estaría en el juicio Cromañón II el comisario Gabriel Seval, de la Comisaría 7ª, a quien se acusa de haber cobrado coimas para que entrara más gente de la permitida aquella noche.



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Declaración Final de la VIII Cumbre de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (Alba)

Declaración Final de la VIII Cumbre de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (Alba)

Alba condenó enérgicamente ofensiva política y militar de EEUU contra Latinoamérica

En la Declaración Final de la VIII Cumbre de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (Alba) los países miembros de este bloque condenaron, en los términos más enérgicos, la ofensiva política y militar de Estados Unidos (EEUU) contra la región de América Latina y el Caribe, manifestada por los acuerdos promovidos con naciones de la zona para el establecimiento de bases militares.

El documento fue suscrito por los presidentes de Venezuela, Hugo Chávez; de Cuba, Raúl Castro; de Bolivia, Evo Morales, y de Nicaragua, Daniel Ortega; por los cancilleres de Ecuador, Fander Falconí, y del depuesto gobierno de Honduras, Patricia Rodas, así como por representantes de tres países caribeños.
A continuación, se publica de manera íntegra la Declaración Final del Alba:
Los jefes de Estado y de Gobierno de los países miembros de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América -Tratado de Comercio de los Pueblos (Alba-TCP), reunidos en La Habana, Cuba, el 13 y 14 de diciembre de 2009, en ocasión del quinto aniversario de la firma de la Declaración Conjunta el 14 de diciembre de 2004;

Reconocieron con satisfacción el avance incuestionable del Alba-TCP en sus primeros cinco años de existencia y su efectiva confirmación como alianza política, económica y social en defensa de la soberanía, la autodeterminació n, la identidad y la unidad de los pueblos de Latinoamérica y el Caribe.

Ratificaron los principios fundacionales del Alba-TCP y los pronunciamientos públicos emitidos en las reuniones cumbres y otros encuentros celebrados durante sus cinco años de labor exitosa.

Destacaron los resultados alcanzados con los proyectos ya instrumentados o en proceso de ejecución a favor del desarrollo social, de la formación de recursos humanos, de la alfabetizació n y la postalfabetizació n, de la prestación de servicios de salud, de la creación de infraestructura productiva, de mayor interconectividad, de complementació n productiva, de fomento a la producción de alimentos, de formación de capital para proyectos de inversión, así como el impacto sostenido de estos resultados a favor de la justicia y una mejor distribución de la riqueza para lograr mayor desarrollo y participación de los pueblos, y para eliminar la marginalidad, integrando a las poblaciones latinoamericanas y caribeñas, incluidas las poblaciones originarias y aquellas tradicionalmente discriminadas o desfavorecidas.

Subrayaron el importante aporte para el acervo político y cultural de toda la región que significa la aplicación práctica de los principios de cooperación, solidaridad, justicia social y complementariedad económica sobre los que se sustenta la integración en el Alba-TCP.

Resaltaron que las culturas de los pueblos latinoamericanos y caribeños constituyen una de las fortalezas más preciadas para preservar y afianzar sus identidades frente a los procesos globalizadores de carácter hegemónico.

Reiteraron su decisión de consolidar la capacidad de concertación política alcanzada por el Alba-TCP para atender temas de alcance regional o global, como lo demuestra la actuación exitosa en diferentes organismos multilaterales dirigida a la construcción de un mundo más justo y solidario, y como proceso histórico de lucha por la dignidad y soberanía de nuestros pueblos.

Expresaron su satisfacción por los resultados de la VII Cumbre Extraordinaria celebrada en Cochabamba, Estado Plurinacional de Bolivia, los días 16 y 17 de octubre de 2009, la cual constituyó un importante paso de avance en la consolidación del Alba-TCP, de sus potencialidades de integración económica y social, y de sus capacidades de concertación política.

Destacaron el creciente papel que hoy representan los movimientos sociales en nuestra región, tanto en apoyo de los procesos populares y nacionales que se llevan adelante en los países miembros del Alba- TCP como en la resistencia a la ofensiva de las fuerzas de derecha encabezadas por Estados Unidos de América en el continente.

Saludaron la contundente victoria electoral del presidente Evo Morales en Bolivia, expresión del respaldo de nuestros pueblos a los procesos progresistas y de transformaciones sociales basados en la equidad, la justicia social, la soberanía y la autodeterminació n, principios que guían la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América.

Igualmente saludaron al pueblo uruguayo por el proceso electoral recientemente celebrado en ese país, que dio la victoria a José 'Pepe' Mujica, connotado luchador social popular, hecho que reafirma los avances de los procesos de cambios progresistas en la región.

Ratificaron la más firme condena al golpe de estado perpetrado en Honduras el 28 de junio de 2009 y, en plena consecuencia con esa posición, condenaron también el propósito de legitimar, por medio de las elecciones espurias del 29 de noviembre, el golpe militar, el secuestro del Presidente, la violación de la Constitución, el atropello del pueblo, la muerte, detención arbitraria y desaparición de personas, y el régimen de facto que usurpó el poder; y al respecto ratificaron que no reconocerán al ilegítimo proceso electoral ni sus resultados, y que tomarán las acciones que consideren pertinentes.

Expresaron su más firme convicción de que el golpe militar en Honduras, perpetrado con el apoyo de los Estados Unidos, ha tenido como propósito frenar el avance de las fuerzas del progreso y de la justicia social en ese país y en la región América Latina y el Caribe, y que constituye un ejemplo manifiesto de que las nociones de democracia, derechos humanos y respeto a la ley tienen para algunos gobiernos y sectores políticos de la región un valor llanamente utilitario.

Llamaron la atención a los gobiernos y pueblos de Latinoamérica y el Caribe sobre el peligro que plantea el propósito de regresar a la región a la época de los golpes de Estado, con el objetivo de ahogar nuevamente los derechos de los pueblos y apuntalar los intereses de las fuerzas de la reacción y del imperialismo.

Saludaron la actitud de los países que mantienen una posición de rechazo al régimen golpista e ilegítimo de Honduras, en particular aquellos que han sido consecuentes con las posiciones adoptadas y reiteradas por el Grupo de Río, y coherentes con el compromiso a favor de la democracia, los derechos humanos y el respeto a la ley; en contra de los golpes de estado, de los atropellos a los pueblos, del asesinato, de las detenciones arbitrarias y de las desapariciones.

En este contexto llamaron a los pueblos y gobiernos de América Latina y el Caribe a impedir que los perpetradores del golpe militar del 28 de junio del 2009 gocen de impunidad en sus países.

Expresaron su solidaridad y apoyo a la resistencia pacífica del pueblo hondureño y al Frente de Resistencia Nacional.

Respaldaron el clamor popular a favor de un proceso político constituyente que contribuya a la estabilidad, seguridad, progreso y democracia en el país.

Reconocieron la actitud firme y valiente del presidente Manuel Zelaya.

Subrayaron la difícil situación humanitaria que enfrenta el pueblo hondureño, exacerbada por el Golpe de Estado, y llamaron a la adopción de todas las medidas posibles a fin de aliviar dicha situación, en plena aplicación del principio de solidaridad que aúna a los países integrantes del Alba-TCP.

Condenaron en los términos más enérgicos la ofensiva política y militar de los Estados Unidos sobre la región de América Latina y el Caribe, manifestada fundamentalmente por los acuerdos promovidos con países de la región para el establecimiento de bases militares.

Ratificaron que América Latina y el Caribe debe ser una región libre de bases militares extranjeras y reafirmaron que es inaceptable utilizar la lucha contra el tráfico de drogas y el terrorismo internacional como pretexto para el incremento de la presencia militar norteamericana en la región, y que el verdadero objetivo de esta presencia es el control de los recursos económicos, el dominio de los mercados y la lucha contra los cambios sociales en curso por parte de los gobiernos y las fuerzas progresistas.

Destacaron que estos fines se evidencian en el documento de justificación del financiamiento del proyecto de la Base Militar de Palanquero del Departamento de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos y el Documento del Programa de Construcción Militar del Departamento de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos de mayo de 2009.

Reiteraron lo establecido en la declaración de la VII Cumbre Alba-TCP en Cochabamba, en octubre del 2009, que insta al gobierno de Colombia a reconsiderar la instalación de bases militares establecidas en el Acuerdo para la Cooperación y Asistencia Técnica en Defensa y Seguridad con los EEUU.

Alertaron que el establecimiento de tales bases militares, sumadas a las ya existentes, constituye un peligro real para los países de la región y la amenaza más grave a la paz, la seguridad y la estabilidad de América Latina y el Caribe, a la par que representa un serio obstáculo para los propósitos de integración de América Latina y el Caribe.

Respaldaron el justo derecho de la República Bolivariana de Venezuela a poner en alerta la defensa de su país frente al claro riesgo para su seguridad nacional y para su pueblo como consecuencia del despliegue militar de los Estados Unidos cerca de sus fronteras, a la vez que reclamaron la solidaridad de los pueblos y gobiernos de la región para enfrentar tan grave amenaza.

Abogaron enérgicamente por el empleo de medios pacíficos, basados en el diálogo y la negociación, para la solución de conflictos en nuestra región, sea cual fuere su naturaleza, sin la presencia de entes extra - regionales, y expresan su disposición a ejercer sus buenos oficios, en todos los casos, para alcanzar dicho cometido.

Rechazaron enérgicamente las declaraciones formuladas el 11 de diciembre de 2009 por la Secretaria de Estado de los Estados Unidos y reafirmaron el derecho de los países de América Latina y el Caribe, en ejercicio de su autodeterminació n, a darse el sistema político, económico y social decidido libremente por sus pueblos.

Rechazaron, asimismo, las pretensiones del Gobierno de los Estados Unidos de inmiscuirse en las decisiones soberanas de política exterior de los países de Latinoamérica y el Caribe, como los vínculos de la región con la República Islámica de Irán.

Reiteraron con máxima firmeza que el ejercicio de la política exterior es un derecho soberano de todos los Estados sobre la base del principio de igualdad soberana contenido en la Carta de las Naciones Unidas y que el Gobierno de los Estados Unidos transgrede ese principio con declaraciones como la citada.

Reiteraron, una vez más, su total rechazo al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto desde hace cinco décadas por el gobierno de los Estados Unidos de América contra Cuba, reclamaron su cese inmediato y reafirmaron su plena solidaridad con el pueblo y gobierno cubanos.

Condenaron firmemente el terrorismo en todas sus formas y manifestaciones y, en ese contexto, demandaron la liberación inmediata e incondicional de los cinco luchadores antiterroristas cubanos presos en cárceles de los Estados Unidos por luchar contra ese flagelo, y como resultado de juicios políticamente motivados, plagados de irregularidades procesales y carentes de legitimidad.

Realizaron un llamado urgente al Presidente de los Estados Unidos a que, en uso de sus facultades constitucionales, libere de modo incondicional a los Cinco Héroes y ponga fin a este acto de injusticia que ha sido condenado por amplios sectores de la comunidad internacional.

Manifestaron su decisión de promover acciones en el marco del Grupo de Río y de la CALC para la conformación de una organización exclusivamente latinoamericana y caribeña que contribuya de manera destacada a los esfuerzos en pro de la integración y la unidad en la región.

Saludaron la inclusión del punto Armonía con la Naturaleza en la agenda de la Asamblea General de las Naciones Unidas, a la vez que reiteraron su compromiso con la Declaración Universal de Derechos de la Madre Tierra y con fijar los principios rectores para restablecer la armonía con la naturaleza en el siglo XXI.

Ratificaron su solidaridad con el propósito de revalorizar la práctica ancestral del masticado de la hoja de coca, eliminar su prohibición en los instrumentos internacionales y retirar a la hoja de coca de la lista 1 de la Convención sobre Estupefacientes de 1961.

Instaron la designación urgente de dos delegados por cada país miembro a fin de conformar de manera inmediata la Comisión Alba Bicentenario, antes de enero de 2010, a fin de cumplir nuestro compromiso con la conmemoración colectiva del Bicentenario del Inicio del proceso de independencias de nuestra América.

Reiteran la necesidad de que el Comité Ministerial de Defensa de la Naturaleza elabore una agenda ambiental del Alba-TCP y avance en el desarrollo e implementació n de los derechos de la Madre Tierra.

14 de dic.

¡Volveremos y seremos millones!!

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LA CAUSA FECED COMENZARA EL 27 DE ABRIL DE 2010. El segundo juicio a represores

LA CAUSA FECED COMENZARA EL 27 DE ABRIL DE 2010

El segundo juicio a represores

La causa Feced fue elevada a juicio oral parcialmente y fue recaratulada con los nombres de los seis imputados que serán juzgados por homicidio, violación y torturas. Las víctimas son 87 y los testigos ofrecidos en la megacausa son 166.



Por Claudio Socolsky

El Tribunal Oral Federal Nº 2 de Rosario fijó para el 27 de abril del 2010 la nueva fecha del juicio de la megacausa Feced, que había establecido su inicio para el 9 de febrero. La causa Feced fue elevada a juicio oral parcialmente, todavía sigue en instrucción por más víctimas e imputados, y fue recaratulada con los nombres de los seis imputados que serán juzgados a partir del 27 de abril por homicidio, violación y torturas: Ramón Genaro Díaz Bessone, José Rubén Lo Fiego, Mario Marcote, Ramón Vergara, José Scortechini y Ricardo Chomicky. Las víctimas son 87 y los testigos ofrecidos en la megacausa son 166, por lo que se prevé que el desarrollo del debate demandará nueve meses aproximadamente. Por otra parte, integrantes del Espacio Juicio y Castigo Rosario (EJyCR) se reunieron ayer con el secretario de Gobierno municipal, Fernando Asegurado, para solicitar a la intendencia que "se comprometa con el ofrecimiento al Tribunal Oral federal Nº 2 de una sala digna para el próximo juicio oral a los represores".

La nueva fecha del juicio fue confirmada ayer por el equipo de abogados de la agrupación HIJOS. "Hasta el momento la fecha que teníamos era la del 9 de febrero, pero hoy (por ayer) nos enteramos que el TOF2 fijó nueva fecha", explicó Lucas Ciarniello, integrante de la agrupación. El inicio del juicio se demorará ya que los alegatos de la causa Guerrieri continuarán desarrollándose desde el 2 de febrero y el tribunal que juzgará esta causa tiene la misma composición que el que lleva adelante Guerrieri.

La causa continúa en etapa de instrucción por otras víctimas (por los mismos imputados) así como por los represores Carlos Bassini Moore, Julio Cesar Nasth y Carlos Ulpiano Altamirano. El 17 de diciembre del corriente año la fiscalía efectuó un pedido en la instrucción de la causa Feced solicitándole nuevas imputaciones así como detenciones, el cual aún no está resuelto por el juzgado.

En el marco del inicio de la causa Feced, integrantes del Espacio Juicio y Castigo, conformado por querellantes y testigos en las causas judiciales a los represores de la última dictadura militar, organizaciones políticas, sociales, estudiantiles, gremiales y de derechos humanos, se reunieron ayer con el secretario de gobierno de Rosario para solicitar a la intendencia que "se comprometa con el ofrecimiento al Tribunal Oral Federal Nº 2 de una sala digna para el próximo juicio oral a los represores".

Asegurado indicó a este diario que luego de recibir a la delegación tomó contacto con el ministro de Justicia y Derechos Humanos provincial, Héctor Superti, quien lo puso en contacto con la secretaria de Derechos Humanos provincial, Rosa Acosta, para buscar una alternativa y poder dar una respuesta la semana próxima. "Es una causa emblemática con una gran cantidad de testigos y hay que buscar un lugar superador", dijo el funcionario.

Desde el EJyCR elaboraron una lista de posibles edificios, entre los que se encuentran el teatro La Comedia, el Centro Cultural Bernardino Rivadavia, la sala Lavardén, el anfiteatro de la sede de Gobierno de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) y la sala Rodolfo Walsh en la Plaza Cívica.

En este marco, los concejales de Encuentro por Rosario, y miembros de la comisión de Derechos Humanos del Concejo Municipal, María Eugenia Bielsa y Fernando Rosúa, expresaron su apoyo a la gestiones realizadas por los testigos y querellantes de los juicios por crímenes de lesa humanidad que se llevan adelante en Rosario, con el fin de obtener un ámbito adecuado para la realización de las audiencias de la Causa Feced.

"Hemos acompañado el reclamo antes del inicio de la primera de las causas a fines del mes de agosto, solicitando al Tribunal Oral Nº 1 y a los ejecutivos Municipal y Provincial, se habilitaran dependencias que garantizaran la publicidad de estos juicios que a la luz de la cantidad de años trascurridos desde la perpetración de los crímenes de la última dictadura cívico militar adquieren una alta trascendencia histórica", señaló Bielsa.

Rosúa agregó: "El juez (Otmar) Paulucci respondió a nuestro pedido señalando que no había obtenido una respuesta favorable ni de la provincia ni del municipio, y remitió las actuaciones realizadas en tal sentido". El edil recordó que ante esta situación, el 27 de agosto del corriente año, el Concejo aprobó por unanimidad una resolución ofreciendo a las autoridades judiciales la Sala de Sesiones del cuerpo para la realización de los juicios por crímenes de lesa humanidad.



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Culpable. República Cromañón, 30 de diciembre de 2004 - Gonzalo Sanz Cerbino

Novedad de Ediciones ryr
Culpable
República Cromañón, 30 de diciembre de 2004

de Gonzalo Sanz Cerbino

Colección Investigaciones CEICS Nº 8

En el caso Cromañón, la burguesía dio una feroz batalla por imponer su interpretación del hecho: una tragedia. Es decir, que lo sucedido fue producto de la mala fortuna, del azar. Por lo tanto, no había culpables. Nosotros sostuvimos en ese momento, y seguimos sosteniendo, que no es una tragedia. En Cromañón hubo un crimen. Hubo muertos y no a causa del destino o la mala fortuna. Hubo asesinos. Es un crimen, pero es un crimen cuyas causas se desprenden del funcionamiento normal de la sociedad capitalista. La propia reproducción de la sociedad capitalista produjo Cromañón.
Por esa razón el crimen de Cromañón es un crimen social. ¿Por qué escribimos, entonces, este libro? Para desmontar cada una de las mentiras que ha sembrado la clase dominante, para combatir las interpretaciones deliberadamente falsas que a fuerza de repetición ya forman parte del sentido común. Para comprender qué sucedió, por qué sucedió y cómo evitar que se repita. Para que sean puestos sobre la mesa los elementos que permiten acusar a los culpables. A la burguesía en general, y al individuo que encarna todo su accionar criminal en este caso particular: Omar Chabán. Al Estado burgués, y a los individuos que en este caso lo desnudan como un Estado de clase al servicio del capital: Ibarra, Kirchner y sus funcionarios. Al capitalismo, para denunciarlo, en tanto sistema perverso y descompuesto, que en su impotencia no puede hacer más que matar. Porque explicar qué sucedió en Cromañón tiene una importancia que trasciende al hecho mismo. La noche del 30 de diciembre de 2004 es un momento en el que todas las contradicciones de la sociedad capitalista se concentran y estallan. Por eso, explicar qué pasó en Cromañón es explicar al capitalismo mismo. Explicar la totalidad social, y explicar por qué el capitalismo mata. Utilizamos Cromañón, si se quiere, como excusa para explicar el funcionamiento de nuestra sociedad y la imperiosa necesidad de su trasformación.



Índice
Introducción

Capítulo I
Los crímenes del capitalismo

Capítulo II
Los hechos

Capítulo III
El capital

Capítulo IV
El Estado burgués

Capítulo V
Al rescate

Capítulo VI
El movimiento

Conclusiones

Anexo I
Plano de República Cromañón

Anexo II
Evolución de los organismos de control de la Ciudad de Buenos Aires

Anexo III
Causas judiciales abiertas por el crimen de Cromañón



Sobre el autor
Gonzalo Sanz Cerbino es Licenciado en Historia, docente en la Universidad de Buenos Aires y becario del CONICET. Miembro de la Organización Cultural Razón y Revolución, realiza sus investigaciones en el CEICS. Fue editor de la revista Razón y Revolución, del Anuario CEICS y dirigió Ediciones ryr. Actualmente tiene a su cargo el grupo de investigación sobre burguesía argentina. Ha escrito numerosos artículos y este es su segundo libro, defendido originalmente como tesis de licenciatura.
http://razonyre2.razonyrevolucion.org/index.php?option=com_content&view=article&id=607:culpable-republica-cromanon-30-de-diciembre-de-2004-gonzalo-sanz-cerbino&catid=35:libros&Itemid=72

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Hola, Jorge, ¿cómo estás?, Por Manuel Justo Gaggero *

Al enterarme, los otros días, de que habían encontrado tus restos luego de que pasaran 33 años de aquel fatídico 29 de diciembre de 1976, en que te secuestró un “grupo de tareas” de la dictadura militar, sentí una profunda congoja y angustia, pensé que sería oportuno recordar los buenos momentos que pasamos en aquellos turbulentos años de las décadas del ’60 y del ’70, cuando pensamos que estábamos al borde de alcanzar el “cielo con las manos” y que la revolución era un “sueño eterno” pero posible.

Te conocí en 1962, en Paraná, cuando llegaste con varios dirigentes de las 62 Organizaciones para lanzar una campaña nacional por la libertad de los presos Conintes entre los que estaba el mítico Sebastián Borro, que había dirigido la huelga en el Frigorífico Lisandro de la Torre y la insurrección popular que la acompañó en el barrio de Barracas. Luego, dos años mas tarde, nos vimos en la casa de John William Cooke.

Me impresionaron tu firmeza, tu bonhomía y la seguridad que trasmitías cuando hablabas. Alicia Eguren, la compañera de John, me dijo en esa oportunidad, cuando vos ya te habías ido, que eras “el mejor exponente del sindicalismo combativo peronista”.

Seguimos viéndonos en diferentes oportunidades en ese verdadero reducto de la militancia en que habías transformado junto con los compañeros de Farmacia la sede de la calle Rincón donde este 29 de diciembre de 2009 te dieron el último adiós.

Con gran amplitud, entendiendo la diversidad y fomentando la unidad y el respeto a las diferencias, allí te encontrabas con militantes de la nueva izquierda como el Vasco Bengochea; de la Juventud Peronista como los recordados Eduardo Salvide, Envar El Kadre e intelectuales de la talla de Daniel Open y Alberto Carri.

Al constituirse la CGT de los Argentinos, tu sindicato fue un puntal para impulsar el Bloque de Agrupaciones Peronistas de Apoyo a dicha central. Con esta propuesta viajaste a Paraná, con los dos Alfredos –Carballeda y Ferraressi–, organizando el Bloque en toda la provincia. Luego vino el Cordobazo, tu encarcelamiento, tu libertad, mi paso por Caseros, Trelew, el triunfo de Cámpora, aquel inolvidable 25 de mayo del ’73 en que junto con miles de compatriotas hicimos el trayecto desde la Plaza de Mayo hasta la cárcel de Devoto para exigir la libertad de los presos del campo popular.

La idea de editar un diario te pareció un desafío interesante y junto a otros amigos y compañeros conformaste el Consejo Editorial del diario El Mundo, desde donde batallamos contra la derecha lopezreguista, denunciamos a la burocracia sindical de los Lorenzo Miguel y Cía. y cuestionábamos las medidas que en nada respondían a los enunciados en la campaña electoral por el General Perón.

La denuncia falsa de que había un supuesto complot para asesinar al presidente ejecutado por Julio Troxler, Envar El Kadre y Carlos Caride determinó que iniciáramos una fuerte campaña desde el diario para demostrar la falsedad de la imputación.

Nos reunimos, ¿te acordás?, con Bernardo Alberte –El Mayor–, en uno de los Pipos y programamos toda la actividad a desarrollar para destruir este nuevo intento de la derecha que ya había organizado la Triple A para asesinar a los militantes combativos.

En esos días, y hasta la clausura del diario, nos vimos casi diariamente, compartíamos largas charlas en las que no sólo abordábamos los temas políticos sino también la vida personal, el futuro de los hijos y las perspectivas.

En la soledad en que me encontraba –mi familia seguía viviendo en Paraná, y yo estaba en la Gran Ciudad– fuiste una gran compañía, siempre de buen humor y con la seguridad de que recorríamos el camino correcto.

Después del intento de copamiento por parte del ERP del Regimiento de Azul, acción que criticaste sin sumarte al coro de los que hablaban de provocación, o de agentes de la CIA, ofreciste tu casa para celebrar un encuentro con un compañero del Buró del PRT y un compañero de la dirección de las Fuerza Armadas Peronistas a los efectos de tratar una posible negociación con el gobierno de Isabel Perón para lograr la liberación del coronel Igarzábal, que había sido tomado prisionero por el ERP.

Estuvieron Benito Urteaga por el PRT Y José Osvaldo Villaflor por las FAP, las condiciones que ponía la organización guerrillera para liberar al militar encarcelado eran la libertad de los presos políticos, la derogación de la legislación represiva, la investigación de las bandas paraestatales –Triple A, Comando Libertadores de América– y la libre organización y actividad de las comisiones internas de fábricas. El PRT-ERP ofrecía, además, discutir una posible tregua en determinadas condiciones.

Vos hiciste todo lo posible para que la reunión tuviera alguna posibilidad de concretarse o asegurar un clima diferente en el país. Los compañeros de la FAP trasmitirían la propuesta al ministro de Justicia Antonio Benítez con el que mantenían un diálogo fluido. Lamentablemente el intento fracasó. Nos vimos por última vez días antes de que te fueras a Venezuela, yo estaba clandestino y traté de no crearte problema alguno, por lo que la reunión la organizaron varios compañeros garantizando todas las condiciones de seguridad.

Coincidimos en el carácter que tenía la ofensiva militar. Te insistí en que te quedaras en el exterior, pero finalmente el compromiso que sentías con los que habían quedado hizo que regresaras y fueras secuestrado aquel 29 de diciembre.

Será difícil olvidarte y estoy seguro de que, si estuvieras hoy aquí, estarías apoyando firmemente las luchas que libran los trabajadores contra el “sindicalismo de negocios”. Hasta siempre, Flaco, ya sos parte de la historia que escriben los que luchan y mueren por una sociedad más justa y un mundo mejor.

* Abogado, ex director del diario El Mundo.

Jorge Di Pascuale, secuestrado y desaparecido en la dictadura, fue dirigente del Sindicato de Empleados de Farmacia, en cuya sede despidieron el lunes sus restos.



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LA CAUSA POR LA IDENTIDAD DE MARCELA Y FELIPE HERRERA NOBLE

LA CAUSA POR LA IDENTIDAD DE MARCELA Y FELIPE HERRERA NOBLE

Las muestras de sangre de la polémica

Por una discutida decisión del juez Bergesio, los hijos de Ernestina Herrera de Noble se presentaron en el Cuerpo Médico Forense para dar sus muestras de sangre. Pretenden que sólo se cotejen los datos con las dos familias querellantes. Fuerte rechazo de Abuelas.




La idea era ir temprano, por eso Felipe y Marcela Herrera Noble llegaron a las 6 al edificio del Cuerpo Médico Forense, en el Palacio de Tribunales. Desde 2003 y por orden de sus , los hijos adoptados de la dueña de Clarín condicionan su voluntad de dar una muestra de su sangre a que ésta sólo sea cruzada con dos de las familias querellantes, y que esto se haga por fuera del Banco de Datos Genéticos, porque sostienen que se trata de un simple caso de filiación. Su abogado, Jorge Anzorreguy, remarcó la voluntad de sus clientes de “terminar” con el proceso. “Estaban tranquilos, siempre lo estuvieron, hace cinco años y medio que esperaban esto”, dijo el letrado. Ayer quedó en evidencia que la Justicia les permitió accionar en la forma que pretendían y en oposición a la exigencia de las querellantes Abuelas de Plaza de Mayo, que consideran que se trata de una posible apropiación y sustitución de identidad de hijos de desaparecidos y, por lo tanto, de un delito de lesa humanidad.

En tal sentido, las Abuelas vienen insistiendo en que las muestras de Felipe y Marcela Noble tienen que ser cotejadas con las existentes en el Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG) del Hospital Durand, como indica incluso una ley recientemente sancionada. Esa norma, 26.548, dispone que cuando se investiga si una persona es hija de desaparecidos los análisis genéticos deben efectuarse exclusivamente en esa institución porque es la única que cuenta con las muestras genéticas de las familias de los desaparecidos. Esto es, mientras los Noble quieren liquidar el tema cruzando esa información sólo con las dos familias que reclamaban inicialmente, los García-Gualdero y Miranda-Lanuscou, Abuelas necesita cotejar con todas las familias que están buscando. “La única medida lógica para determinar si Felipe y Marcela son hijos de desaparecidos es cotejar con todos”, enfatizó Mariano Gaitán, abogado de Abuelas.

Al salir de Tribunales, Anzorreguy aseguró que el juez federal Conrado Bergesio “cumplió” y que lo ordenado ayer “fue ratificado por todas las instancias judiciales, incluida la Corte Suprema”. El letrado agregó que sus clientes “respetaron lo dispuesto por la Justicia”, y que “en todas las etapas los tribunales consideraron que esta diligencia amparaba en forma más amplia a todas las partes”. Al ser consultado sobre el pedido de cotejar las muestras en el BNDG, Anzorreguy respondió que “no es el momento de opinar eso, porque lo único resuelto en el expediente, por la Cámara de Casación Penal, es que se haga el examen como estaba solicitado por los señores Noble Herrera”. En Abuelas no opinan lo mismo (ver aparte). Frente a Tribunales se hicieron presentes H.I.J.O.S. y el legislador porteño Juan Cabandié, quienes entregaron una carta dirigida a Felipe y Marcela, donde expresaban apoyo en “este duro momento”.

A mediados de 1976, durante los meses en que Herrera de Noble los adoptó, más de treinta mujeres dieron a luz en cautiverio. Ernestina Herrera de Noble es una de las imputadas de la causa “Barnes de Carlotto s/denuncia” y había sido procesada y encarcelada en 2002 por el ex juez federal de San Isidro Roberto Marquevich, luego de ordenar el análisis compulsivo de Marcela y Felipe en el BNDG. Pero cuando este magistrado fue destituido, Bergesio dispuso su falta de mérito. Los médicos Fabio Katz y Norma Ca-ddopi, además de Aldo Rico y Jorge Rafael Videla, son los demás imputados. El nuevo juez del caso suspendió el análisis en el BNDG para realizarlo en el Cuerpo Médico Forense, bajo las condiciones que pusieron los Noble: sólo con las dos familias querellantes, con la destrucción de las muestras después del análisis y la no decodificación de su perfil genético. De este modo estaban seguros de que daría negativo. La querella apeló esto y la Cámara de San Martín decidió en 2004 que el estudio se hiciera en el BNDG, pero sólo entrecruzando con las dos familias. En desacuerdo con esta última parte de la resolución, la querella volvió a apelar pero la Cámara les dijo que no tenían legitimación respecto del resto de los grupos familiares del Banco.

El caso pasó por la Cámara de Casación y llegó a la Corte Suprema, porque los Noble se resistían a que el estudio fuera hecho en el BNDG con o sin su consentimiento y la querella insistía en el cotejo general. Recién en junio de 2008, cuando la causa volvió al juzgado de Bergesio, Abuelas de Plaza de Mayo fue aceptada como querellante y pidió que la investigación, y los eventuales análisis de ADN incluyeran a los 22 grupos familiares que buscan niños nacidos en cautiverio o secuestrados con sus padres en la época en que Marcela y Felipe fueron adoptados por Herrera de Noble. Hace tres meses la Cámara de San Martín dijo que la causa debía abarcar los casos que reclamaba Abuelas y que el juez debía actuar conforme al criterio fijado en el caso Prieto, en el cual la Corte dispuso que cuando una persona presuntamente víctima de apropiación se niega a realizarse los análisis de ADN debe obtenerse material genético de objetos de uso personal. Bergesio nunca cumplió con esa indicación. El 22 de diciembre la Cámara le ordenó que “tome las muestras de ADN de las personas cuya identidad se cuestiona, en forma inmediata y sin más dilaciones, para someterlas a los cotejos necesarios”, e insistió en que siguiera los lineamientos del caso Prieto.



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Multisectorial por un plan democrático de seguridad

UN INEDITO ARCO POLITICO, SOCIAL Y GREMIAL FORMALIZO UN ACUERDO PARA IMPLEMENTAR POLITICAS NO AUTORITARIAS CONTRA EL DELITO

Multisectorial por un plan democrático de seguridad

El Acuerdo para la Seguridad Democrática fue presentado ayer en el Congreso con la presencia de numerosos dirigentes de diversas vertientes. El documento propone evitar el “facilismo represivo” y advierte que el discurso de la mano dura sólo genera más inseguridad.





El discurso de la mano dura en materia de seguridad quedó en minoría. También, las respuestas autoritarias frente al delito. Ayer al mediodía, en el Salón de los Pasos Perdidos del Congreso Nacional, se presentó el Acuerdo para la Seguridad Democrática (ASD), respaldado por un amplio e inédito abanico político, social, gremial y religioso. El documento expone las bases doctrinales para un plan futuro de política criminal a nivel nacional, permite ampliar el debate social y enfoca la discusión de la denominada inseguridad sin el “facilismo represivo”. Por ejemplo: “Una concepción integral de la seguridad implica tanto la prevención de la violencia física como la garantía de condiciones de vida dignas para toda la población”, reza el texto. Además de los ideólogos de la propuesta –los representantes del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y varios especialistas en el tema–, del acto participaron numerosos de los adherentes a la iniciativa.

“Esta debe ser la foto más buscada de la Argentina”, dijo Horacio Verbitsky. Con una carcajada, todos los presentes comulgaron con el titular del CELS y orador principal. La escena no daba lugar a dudas. Tras la mesa de especialistas y dirigentes –que incluía a León Arslanian, Estela Carlotto, Laura Conte, Hugo Cañón, Marcelo Saín y Enrique Font– se apostó la nueva multisectorial. Hasta ayer, verlos juntos en una misma iniciativa era impensable, pero lo que las diferencias partidarias deshacen, la preocupación por la seguridad esta vez logró unir. En la primera fila, de izquierda a derecha, estaban entre otros, Francisco “Tito” Nenna (Encuentro Popular para la Victoria), Victoria Donda (Libres del Sur), Ricardo Gil Lavedra y Ricardo Alfonsín (UCR), Felipe Solá (Peronismo Federal) y Martín Sabatella (Encuentro por la Democracia y la Equidad). Entre Solá y Gil Lavedra, unos metros por detrás, asomaba Aníbal Ibarra (Diálogo por Buenos Aires) y a unos pasos sonreía Margarita Stolbizer (Acuerdo Cívico y Social).

Cerca de las 12.30, poco después de que Verbitsky comenzara la presentación del documento, un hombre del público lo interrumpió. Era el tucumano Alberto Lebbos, padre de una joven que fue estrangulada en 2006. El crimen se mantiene impune.

–Sólo necesito que me escuchen dos minutos. No quiero que bajen la edad de imputabilidad, ni que endurezcan las penas, ni que haya más policías en las calles para que estén al servicio de la corrupción y repriman al pueblo. Sólo quiero que se haga cumplir la ley de protección a testigos y se respeten las normas que están vigentes.

Con lágrimas en los ojos y sin esperar respuesta, Lebbos dejó el recinto. Entonces, Verbitsky retomó su discurso: “Las palabras del señor son una prueba adicional de la gravedad y la complejidad que tiene el problema de la inseguridad en nuestro país”. Sentado en una silla contigua a la del titular del CELS, León Arslanian –coideólogo de la propuesta de seguridad democrática, propulsor de los cambios en la Bonaerense como ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires– asentía con la cabeza los dichos del orador. En los últimos años, “el problema se ha agravado por la repetición de políticas fallidas e ineficientes como el manodurismo”, sentenció Verbitsky. Luego, una locutora leyó los puntos más importantes del texto.

El documento está dividido en diez apartados. Cada uno demarca una lectura de situación sobre el problema de la inseguridad y una propuesta distinta sobre la seguridad. De todas maneras, hay un común denominador: la posición democrática. Frente a las posturas reaccionarias, que hacen foco sobre la coerción social y la criminalidad juvenil, en el ASD las fuerzas de seguridad, el Poder Judicial y el Servicio Penitenciario son los puntos centrales de la discusión crítica sobre seguridad.

“La acción del Estado frente al incremento de la violencia y el delito se ha limitado mayormente a respuestas facilistas y autoritarias que consolidaron la ineficacia policial, judicial y penitenciaria.” En tal sentido, una adecuada política criminal y de seguridad requiere “una policía eficaz en la prevención, de alta profesionalidad y debidamente remunerada, una Justicia penal que garantice la plena observancia de las reglas del debido proceso y de la defensa en juicio y un sistema penitenciario que asegure condiciones dignas de encarcelamiento y de ejecución de la pena con sentido resocializador”.

El texto también pone el acento en que las políticas de seguridad y el control policial deben estar en manos civiles. Otra medida que impulsa el documento es la descentralización de las fuerzas uniformadas a nivel distrital y comunal. Luego de la presentación, Arslanian destacó que “lo peor que le puede pasar a un país es tener una policía sospechada de relacionarse con la delincuencia y la corrupción política”. Por eso y en concordancia con el Acuerdo para la Seguridad Democrática, el ex ministro destacó la importancia de los gobiernos en el control policial: “Las fuerzas de seguridad no deben autogobernarse”, explicó enfático a este diario.

“Una buena política de seguridad protege por igual a todas las personas sin distinción alguna”, dijo Verbitsky no bien recuperó el micrófono. Según el titular del CELS, durante años “la histeria punitiva desvió la problemática y permitió una discrecionalidad represiva”. Por eso, la propuesta fundamental del documento “no es meter bala, sino organizar las fuerzas de seguridad para poner el peso del Estado en el crimen organizado y no en la cacería de perejiles y estereotipos”, dijo.

Verbitsky concluyó el acto destacando el encuentro en la diversidad. “Esta reunión es excepcional y las distintas posiciones políticas, sociales y académicas son fundamentales para encarar el problema de la seguridad”, finalizó.

Informe: Mariana Seghezzo.



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Rosario: Conferencia de Prensa en el Palacio de los Leones‏, MUNICIPALES DE ATE

LOS MUNICIPALES DE ECONOMIA SOLIDARIA EN ATE COMUNICAMOS

Que en el día de la fecha -miercoles 30 de diciembre- a las 9:30 hs estaremos realizando una conferencia de prensa en el Palacio de los Leones frente a todos los medios a raiz de la presentación de una carta al Intendente municipal Ing. Miguel Lifschitz. En la misma solicitamos que como máximo responsable del Departamento Ejecutivo Municipal tome resolución sobre el conflicto que venimos llevando hace 5 años empleados de la Subsecretaría de Economía Solidaria dependiente de la Secretaría de Promoción Social. Asi mismo reclamamos la pronta formalidad en el pase a planta de los 14 compañeros que venimos trabajando sin seguro, sin obra social ni aportes previsionales. A dicha regularización se habían comprometido en una reunión el Secretario de Promoción Social Raúl Capilla y el Secretario de Gobierno Fernando Asegurado. Los/as trabajadores/as de la Subsecretaría de Economía Solidaria fuimos nuevamente sorprendidos por el incumplimiento de los compromisos asumidos por el Ejecutivo hace solo 2 meses. La respuesta reciente de los funcionarios fue la de la efectivización de solamente 11 de los 14. Tampoco los mismos mostraron papeles (decreto y listas) donde indiquen formalidad de la efectivización.


La fuerza que nos esta obligando a mantenernos en reclamando tiene que ver con la penosa situación que estamos atravesando como trabajadores, que hace casi 5 años que venimos cumpliendo diferentes tareas para la Municipalidad de Rosario sin seguro, sin obra social ni aportes previsionales.
Como empleados del Estado Municipal estamos también al tanto y hasta manteniendo en algunos casos una lucha conjunta con una decena de areas y dependencias municipales afectadas por la irregularidad laboral y el trabajo en negro. Por todo lo expuesto nos vemos en la obligación y el derecho ciudadano de pelear por la dignificación en el trabajo convocando al resto de las áreas y dependencias a realizar dicho reclamo de manera conjunta y contundente.




Parte de nuestra situación

Como es de público conocimiento trabajamos hace 5 años en situación precaria como empleados municipales, sin aportes provisionales, seguro ni obra social. Es decir, trabajamos EN NEGRO. Tras un acta compromiso y varias promesas incumplidas de parte del Ejecutivo, y denuncias canalizadas ante el Ministerio de Trabajo de la Provincia y el Concejo Municipal de Rosario (todas ellas reconocidas y asentadas por dichas instituciones), se acordó finalmente hace 60 días en una reunión con el ex Secretario, el pase a planta transitoria en enero de 2010 de los 14 compañeros y compañeras que trabajamos día a día en la Sub Secretaría de Economía Solidaria, con las categorías correspondientes. También se había comprometido el funcionario a la recategorización de la compañera Sol Páez.





PASE A PLANTA ENERO 2010 DE TODOS (los 14) TRABAJADORES/AS CON LA CATEGORIA CORRESPONDIENTE YA ACORDADA!!

RECATEGORIZACION DE LA COMPAÑERA HACIA LA CATEGORIA CORRESPONDIENTE!!

POR DEMOCRACIA Y LIBERTAD SINDICAL!!

ARRIBA LOS QUE LUCHAN!!




Municipales de Economía Solidaria en ATE

Responsable de Prensa: Alejandra Willems 341-156499814

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Acuerdo para la seguridad democrática

CONTRA EL “FACILISMO REPRESIVO”

Acuerdo para la seguridad democrática

Legisladores nacionales, organismos de Derechos Humanos y referentes académicos, gremiales y sociales presentaron en el Congreso un documento para sentar las bases de un "acuerdo para la seguridad democrática" que se propone una política alejada del concepto de "mano dura" para enfrentar la criminalidad.




El presidente del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Horacio Verbitsky, explicó que el problema de la seguridad "se ha agravado con políticas fallidas e ineficaces" y destacó que la democracia tiene un "déficit" en el abordaje de esa problemática.

Salvo los diputados del PRO, la conferencia de prensa que se brindó en el Salón de Pasos Perdidos de la Cámara de Diputados contó con la presencia de representantes de los principales bloques políticos. Además, el documento fue respaldado por los secretarios general de la CGT, Hugo Moyano; y de la CTA, Hugo Yasky.

El denominado "Acuerdo para una política de seguridad democrática" apunta a "sentar los principios básicos para la construcción de una política de Estado que dé respuesta a las legítimas demandas de la sociedad".

Los firmantes aseguraron en el documento su "preocupación por la reiteración de medidas autoritarias e ineficientes frente al delito y por la fuerte dosis de exclusión y violencia que domina el debate público".

Verbitsky destacó la presencia de reconocidos referentes de la vida pública en la conferencia de prensa para apoyar un decálogo para afrontar el problema de la seguridad para zafar de “la demagogia punitiva” que, dijo, elude encarar las cuestiones de fondo de la criminalidad.

"Las políticas de mano dura no han reducido el delito, han aumentado la violencia y, en algunos casos, hasta han amenazado la gobernabilidad democrática", se advirtió en el documento.

Sostiene, en cambio, que una política de Estado basada en principios democráticos "requiere estrategias de abordaje integral que articulen las políticas de seguridad con otras políticas públicas y complementen las acciones del sistema penal con intervenciones de todas las áreas del Estado".

El presidente del bloque de diputados del Frente para la Victoria, Agustín Rossi, a través de un comunicado, ratificó que "la primera obligación de la política respecto al problema de la seguridad ciudadana es hacerse cargo".

Destacó que "el Estado tiene la obligación indelegable de garantizar la prevención y represión del delito cuyos principales perjudiciales son los que menos tienen".

Entre los firmantes del Acuerdo se encuentran los diputados nacionales Ricardo Alfonsín (UCR), Ariel Basteiro (PS); Elisa Carca (CC); Victoria Donda (Libres del Sur); Claudio Lozano (Proyecto Sur), Eduardo Macaluse (SI), Martín Sabatella (Encuentro Democrático), Margarita Stolbizer (GEN), Remo Carlotto (FPV) y el senador Gerardo Morales (UCR).

También adhirieron Estela de Carlotto por Abuelas de Plaza de Mayo; la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH); Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, HIJOS, el ministro de la Corte Suprema, Eugenio Zaffaroni, los especialistas en seguridad Carlos Arslanián y Marcelo Sain, entre otros.



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El compromiso de Lula

Brasil sanciona la ley nacional del clima.- Mantiene la intención de reducir en un 38,9% las emisiones de gases y promover energías limpias
JUAN ARIAS - Río de Janeiro - 30/12/2009



Brasil no ha querido perder el tiempo. A poco más de una semana de la frustración vivida en la Conferencia Internacional sobre el Cambio Climático de Copenhague, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva ha sancionado la nueva ley nacional del clima, en la que se confirma la decisión de disminuir en un 38,9% las emisiones de gases y de incrementar y favorecer a partir de ahora la producción de energías limpias.


Lula, que llegó a Copenhague con 600 personas dispuesto a influir con fuerza en los nuevos rumbos del problema medioambiental en el mundo, volvió decepcionado. A pesar de que su discurso fue el más aplaudido, incluso más que el del mandatario estadounidense, Barack Obama, el presidente brasileño consideró que la cumbre no estuvo a la altura de las esperanzas que había suscitado.

El ministro de Medio Ambiente, Carlos Minc, resumió ayer así el estado de ánimo de Brasil al afirmar que "no importa si Copenhague no acabó bien. Hubo mucha frustración, pero Brasil no quedó mal en la foto y demostró que sus metas son ambiciosas". Para Minc, "no importa si la conferencia de Copenhague no acabó como hubiésemos querido. Nosotros vamos a cumplir nuestras metas".

Al sancionar con tanta rapidez una ley tan importante como la del clima, Lula ha querido mandar un aviso al mundo: cada uno va a demostrar ahora, concretamente, sus auténticos compromisos con el medio ambiente, no ya con palabras, sino con leyes concretas.

No le ha sido fácil a Lula, sin embargo, conseguir la aprobación de la nueva ley. Desde el Ministerio de Minas y Energía le han presionado duramente. Pidieron a Lula que vetara nada menos que 10 artículos del texto final. El origen del miedo del gabinete ministerial provenía de las posibles trabas que la ley pudiera poner a una de las fuentes de energía más importantes del país, el petróleo, del que posee enormes riquezas aún sin explorar.

Lula se mantuvo firme y acabó vetando sólo tres puntos: uno puramente técnico y dos de fondo. Uno de ellos elimina del texto la frase "abandono paulatino" de las fuentes de energía de origen fósil, para evitar que en el futuro pueda impedirse por ley usar petróleo y gas en la producción de energía. El otro veto elimina el punto de la ley que preveía ayudas económicas sólo para las pequeñas hidroeléctricas, desincentivando así la producción de las hidroeléctricas medias y grandes.

El desarrollo de la ley necesita ahora un decreto que establezca para cada uno de los sectores implicados, transportes, agricultura, construcción civil, generación de energía, etcétera, las metas concretas de disminución de gases.

La ecologista Marina Silva, ex ministra de Medio Ambiente, intentó en vano incluir en la ley una cláusula que obligase a Brasil a cumplir las metas tomando como referencia de los índices de contaminación el año 2005 y no la tendencia de crecimiento hasta 2020.

Uno de los asuntos que se discute ahora es si la ley deja claro o no la obligatoriedad del cumplimiento de las metas o si se trata más bien de incentivos. Algunas ONG, por ejemplo Greenpeace, temen que la nueva ley pueda ser sólo un texto de "buenas intenciones", mientras que el ministro Minc asegura que la ley tiene carácter obligatorio.

Pero no cabe duda de que Brasil ha querido demostrar con rapidez que se ha tomado en serio el compromiso con el medio ambiente. Es consciente de ser el quinto país del mundo que, sobre todo debido a la destrucción paulatina de la Amazonia, más contribuye a la contaminación del ambiente mundial.

Datos oficiales del año 2000 revelan que en los últimos 15 años, por ejemplo, las emisiones de gases en el país crecieron un 62%. Y en 2005, Brasil produjo 2.200 millones de toneladas de gas carbónico.


http://www.elpais.com/articulo/internacional/compromiso/Lula/elpepuintlat/20091230elpepuint_2/Tes

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